En medio de tensiones con la comunidad universitaria y reclamos por recursos, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto propio para modificar la normativa aprobada en 2025. La iniciativa reemplaza los parámetros de financiamiento establecidos por el Congreso y propone subas salariales que sindicatos y rectores consideran insuficientes, profundizando la disputa política sobre la educación pública.
El presidente Javier Milei y su equipo presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley alternativo para modificar la normativa que reglamenta el financiamiento de la educación universitaria en la Argentina, vigente desde mediados de 2025. Esta acción se da mientras la comunidad educativa exige que el Gobierno dé cumplimiento efectivo a la ley sancionada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras tras un veto presidencial.
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente establecía un mecanismo de actualización automática de recursos para salarios, gastos de funcionamiento, becas y hospitales universitarios. Según un análisis realizado por organizaciones del sector académico, para cumplirla en 2026 se requerirían más de $3,1 billones adicionales, equivalentes al 2,1 % del presupuesto nacional, cifra que el Gobierno ha cuestionado por cuestiones de equilibrio fiscal.
Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo reduce sustancialmente esos montos y propone aumentos escalonados para docentes y no docentes durante 2026, además de asignaciones específicas para hospitales universitarios. Referentes gremiales y rectores advirtieron que la propuesta no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada ni atiende las necesidades de funcionamiento de las universidades públicas.
Diversos sectores del sistema educativo reclaman que, antes de buscar modificaciones, el Gobierno aplique la ley vigente tal como fue aprobada por el Congreso, señalando que desde su sanción hasta ahora no se han liberado los fondos necesarios para hacerla operativa. En algunas instituciones, las autoridades expresaron su preocupación pública por el deterioro de servicios básicos, la falta de actualización de becas y la erosión salarial de docentes y trabajadores no docentes.
El debate legislativo promete ser áspero: mientras el oficialismo sostiene que la propuesta responde a la realidad fiscal del país, opositores y organizaciones universitarias insisten en que modificar la ley constituye un retroceso y una derrota para las demandas históricas del sector. La discusión se perfila como uno de los temas centrales en las sesiones ordinarias del Congreso.
Autor
