El proyecto oficial avanza con la disolución de los juzgados laborales nacionales y su traslado a la órbita porteña. La medida impacta sobre más de 695 mil causas en trámite y genera cuestionamientos por la reducción de tribunales y la falta de especialización en algunos conflictos colectivos.
La reforma laboral en debate no solo introduce cambios en las condiciones de contratación y en el régimen indemnizatorio. También redefine la estructura judicial que atiende los conflictos entre empleadores y trabajadores. El eje más polémico es la decisión de disolver la Justicia Nacional del Trabajo y transferir sus competencias a la Ciudad de Buenos Aires.
El fuero laboral nacional cuenta hoy con 80 juzgados de primera instancia y 10 salas de Cámara integradas por tres jueces cada una. El proyecto prevé su desmantelamiento progresivo y la creación de un esquema reducido en el ámbito porteño, con alrededor de diez juzgados y dos salas.
Un sistema especializado en riesgo
La Justicia Nacional del Trabajo fue creada para garantizar un tratamiento técnico y especializado de los conflictos laborales. La eventual supresión de su estructura implica que los reclamos individuales —como despidos, diferencias salariales o accidentes de trabajo— pasarían a tribunales porteños aún en proceso de conformación.
Por su parte, los conflictos colectivos —incluidos convenios, representación sindical y derecho de huelga— serían derivados al fuero Contencioso Administrativo Federal, que no posee especialización específica en materia laboral.
Magistrados del fuero advierten que esta fragmentación puede afectar la coherencia jurisprudencial y la protección efectiva de derechos. También señalan que el actual volumen de causas —unas 58 mil nuevas por mes, según datos expuestos en el Congreso— difícilmente pueda ser absorbido por una estructura significativamente menor.
Impacto laboral y administrativo
El proyecto contempla que los juzgados actuales dejen de recibir expedientes y continúen solo con los casos pendientes hasta su finalización. En paralelo, se eliminarían cargos vacantes y se reducirían salas de Cámara. Esta reconfiguración abre interrogantes sobre la continuidad de más de 1.500 trabajadores judiciales que ingresaron por concurso.
Organizaciones gremiales sostienen que la reforma podría implicar una remoción indirecta de magistrados y una alteración del principio de estabilidad judicial consagrado en la Constitución Nacional.
Autonomía porteña y límites legales
La discusión también involucra el alcance de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La Ley 24.588 estableció que la justicia nacional ordinaria con asiento en la ciudad continuaría bajo jurisdicción federal. Cualquier modificación estructural requería, hasta ahora, acuerdos específicos y garantías institucionales.
El convenio reciente entre autoridades nacionales y porteñas habilita el traspaso, pero el debate jurídico sobre su constitucionalidad y sobre la modalidad elegida continúa abierto.
Más allá del discurso oficial
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como parte de un proceso de “modernización”, sectores judiciales y sindicales advierten que la disolución de los juzgados laborales podría debilitar el acceso a la justicia en un contexto de alta informalidad laboral.
Especialistas en derecho del trabajo señalan que el nivel de litigiosidad no supera porcentajes significativos respecto del total de trabajadores registrados y no registrados, y que el número de demandas laborales es inferior al de otros fueros, como el comercial.
El futuro de la reforma dependerá del debate parlamentario, pero el punto ya se instaló como uno de los ejes centrales de la discusión institucional: la desaparición de un fuero histórico y su reemplazo por una estructura reducida redefine el equilibrio entre Estado, empresas y trabajadores en el ámbito judicial.
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