El oficialismo busca sesionar esta semana para aprobar la ley, pero su principal aliado legislativo plantea cambios de fondo. Las licencias por enfermedad y el cobro de salarios mediante billeteras virtuales tensan la negociación y podrían obligar a que el proyecto vuelva al Senado.
El tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional entró en una etapa de definiciones políticas en la Cámara de Diputados. Mientras la Casa Rosada acelera para llevar el proyecto al recinto en los próximos días, el PRO comenzó a marcar distancia en aspectos sensibles del texto y abrió un escenario inesperado: la posibilidad de que la iniciativa deba regresar al Senado si se introducen modificaciones.
La discusión se concentra principalmente en el régimen de licencias por enfermedad y en la habilitación de las billeteras virtuales para el pago de salarios, dos puntos que generaron fricciones dentro del bloque de aliados que hasta ahora acompañaba la agenda oficial.
Una reforma clave que llega con tensiones
La reforma laboral ya obtuvo media sanción en la Cámara alta y forma parte del paquete de cambios estructurales que el Gobierno considera centrales para dinamizar la economía, reducir costos laborales y fomentar el empleo formal. Entre otros aspectos, el proyecto introduce modificaciones en la organización del tiempo de trabajo, en los mecanismos de indemnización y en la forma de pago de salarios.
Sin embargo, el capítulo referido a las licencias médicas se transformó en el principal foco de conflicto. El texto aprobado en el Senado introdujo cambios en el esquema de remuneración durante ausencias prolongadas por enfermedad, lo que generó cuestionamientos tanto en sectores sindicales como en bloques dialoguistas.
Ante las críticas, el oficialismo adelantó que evalúa ajustes para garantizar el pago del salario completo en casos de enfermedades graves, degenerativas o irrecuperables, siempre que exista comprobación médica fehaciente.
El PRO acompaña, pero no sin cambios
Aunque el macrismo sostiene que respaldará el espíritu general de la reforma, dentro del bloque que conduce Cristian Ritondo se consolidó la idea de que el texto no debe aprobarse sin correcciones explícitas en la ley. La postura choca con la estrategia del Ejecutivo, que pretende avanzar sin reabrir el debate legislativo para evitar demoras.
En el PRO consideran insuficiente la propuesta oficial de resolver los cambios mediante reglamentaciones posteriores o leyes complementarias. El argumento es institucional: cualquier modificación sustancial debería plasmarse en el texto definitivo y, por lo tanto, volver a la Cámara alta para su revisión.
Ese punto marca el núcleo del desacuerdo. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, insiste en que la norma no debería regresar al Senado, en el bloque amarillo sostienen que una ley de este alcance debe salir del Congreso sin zonas grises ni interpretaciones futuras.
El trasfondo político: aliados que empiezan a diferenciarse
La tensión revela un dato político más profundo. El PRO, que en los primeros meses del gobierno libertario acompañó buena parte de la agenda oficial, ahora busca mostrar autonomía en temas sensibles. La discusión por las licencias médicas funciona como un límite simbólico: el partido intenta evitar quedar asociado a un eventual recorte de derechos laborales en situaciones de enfermedad.
En otras palabras, el partido que impulsó históricamente reformas promercado se encuentra ahora cuestionando aspectos de una iniciativa promovida por sus propios aliados. El movimiento responde tanto a diferencias técnicas como a la necesidad de preservar identidad política frente a un oficialismo que concentra la iniciativa.
Billeteras virtuales: el otro punto de conflicto
El segundo foco de disputa gira en torno a la posibilidad de cobrar salarios mediante billeteras virtuales. Esa opción formaba parte del proyecto original, pero fue eliminada durante el debate en el Senado tras la presión del sistema bancario.
El PRO busca reincorporar esa cláusula con el argumento de ampliar la libertad de elección de los trabajadores y modernizar los medios de pago. Desde el Gobierno, en cambio, señalan reparos regulatorios y de seguridad financiera para habilitar esa modalidad, lo que mantiene abierto el desacuerdo.
Si el bloque amarillo avanza con esa modificación, el escenario vuelve a ser el mismo: el proyecto debería regresar al Senado, algo que el oficialismo intenta evitar para cumplir con el calendario político que apunta a tener la ley sancionada antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.
Una negociación contrarreloj
El Ejecutivo intenta contener a sus aliados ofreciendo ajustes parciales en el capítulo más cuestionado, pero la negociación sigue abierta. La urgencia oficial por aprobar la norma contrasta con la estrategia del PRO, que plantea acelerar el tratamiento pero sin resignar cambios de fondo.
Así, la reforma laboral —pensada como una señal de cohesión entre el Gobierno y sus socios parlamentarios— terminó exponiendo una paradoja: el principal aliado del oficialismo es hoy quien pone condiciones para modificar el corazón de la iniciativa. Y en esa tensión se juega algo más que un artículo de ley: el equilibrio político de una alianza que comienza a mostrar sus primeras fisuras.
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