Efectivos policiales y penitenciarios rionegrinos anunciaron movilizaciones y un acampe frente a la Casa de Gobierno en Viedma. El malestar por la composición del salario y los aumentos otorgados por el Ejecutivo provincial se suma a un escenario de conflictos abiertos con docentes, estatales y trabajadores de la salud.
La protesta salarial que tuvo su epicentro reciente en Santa Fe comenzó a proyectar efectos en otras jurisdicciones. En Río Negro, efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario resolvieron avanzar con medidas de fuerza que incluyen una concentración y acampe frente a la sede gubernamental en Viedma, en medio de un creciente malestar por los haberes y las condiciones laborales.
El conflicto se consolidó tras la circulación de un petitorio impulsado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, donde activos, retirados y familiares describen lo que consideran una crítica situación salarial. El documento sostiene que el salario básico —establecido en la denominada “Asignación del Grado” según la normativa vigente— representa una porción reducida del ingreso total, mientras que gran parte del sueldo está compuesto por adicionales que no impactan en la carrera ni en el cálculo jubilatorio.
Según los impulsores del reclamo, durante los últimos meses los incrementos aplicados resultaron insuficientes tanto por el porcentaje otorgado como por la modalidad de implementación. Además, cuestionan que conceptos como alquiler, riesgo profesional, dedicación exclusiva y presentismo no compensan la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
Reclamos estructurales y pedido de garantías
El petitorio incluye una serie de demandas que van más allá de la actualización salarial. Entre los puntos destacados figuran el pedido de un salario inicial significativamente mayor para el cargo de agente administrativo, el cumplimiento de la pirámide salarial 6 a 1, el pago de sentencias firmes vinculadas a la zona desfavorable, provisión de uniformes y la garantía de que no habrá sanciones ni represalias contra quienes participen de las manifestaciones.
Desde el Ministerio de Seguridad provincial se informó que en febrero se aplicó una suba cercana al 6,8%, producto de la actualización por inflación y un adicional específico. De acuerdo con datos oficiales difundidos por medios provinciales y nacionales, el haber inicial de un agente supera el millón cuatrocientos mil pesos, con incrementos escalonados previstos para los próximos meses. Sin embargo, desde el sector movilizado sostienen que la cifra continúa lejos de lo pretendido y que el problema central radica en la estructura del salario.
Efecto contagio y preocupación oficial
El antecedente del conflicto policial en Santa Fe funcionó como referencia y advertencia. En Río Negro, el malestar se expresó a través de grupos internos y redes sociales, donde se multiplicaron las convocatorias y debates sobre el alcance del artículo que regula la composición del haber básico. La imposibilidad legal de sindicalización y huelga para el personal en actividad llevó a que retirados y familiares asumieran un rol visible como voceros del reclamo.
En el plano político, la situación genera inquietud en la administración que conduce el gobernador Alberto Weretilneck. El conflicto irrumpe en un momento de reconfiguración del gabinete y en medio de negociaciones complejas con otros sectores del empleo público.
Un escenario provincial atravesado por múltiples frentes
La protesta de las fuerzas de seguridad se suma a un contexto de tensión con otros gremios estatales. El sindicato docente anunció que el inicio del ciclo lectivo dependerá de una mejora sustancial en la propuesta salarial, mientras que organizaciones que representan a trabajadores de la salud advierten sobre la crisis estructural del sistema sanitario y anticiparon su acompañamiento a la movilización.
Desde la oposición también se sumaron cuestionamientos. Legisladores provinciales señalaron que la composición actual del salario policial —con un básico reducido y una fuerte carga de adicionales no remunerativos— deteriora el ingreso real y afecta las futuras jubilaciones. Asimismo, se presentaron pedidos de informes vinculados a partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial, en medio del debate por la asignación de recursos.
Una prueba para la gestión provincial
El avance del reclamo policial marca un punto sensible para el Ejecutivo. A diferencia de otros conflictos gremiales, la protesta de las fuerzas de seguridad impacta directamente en el funcionamiento institucional y en la percepción de gobernabilidad.
La evolución de las movilizaciones previstas en Viedma será determinante para medir el alcance del conflicto. Lo que comenzó como una demanda sectorial en otra provincia hoy encuentra eco en la Patagonia y reabre el debate sobre la estructura salarial del empleo público, la sostenibilidad fiscal y la capacidad de negociación de los gobiernos provinciales en un contexto económico desafiante.
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