La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en medio de un intenso debate político y social. La norma pasa ahora al Senado, donde deberá ser avalada definitivamente. La reforma incorpora penas más estrictas y un esquema de medidas alternativas para adolescentes en conflicto con la ley.
Este jueves, el Congreso argentino avanzó en la modificación del sistema de justicia juvenil al aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Régimen Penal Juvenil que disminuye la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 149 votos a favor y 100 en contra. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por varios bloques aliados, ahora será debatida en el Senado de la Nación.
La reforma surge en un contexto donde la normativa vigente data de hace más de cuatro décadas y, según sus promotores, está desfasada respecto a la realidad de delitos cometidos por adolescentes. El nuevo texto permite que los menores de 14 años puedan ser imputados y, en casos de crímenes graves, recibir penas de prisión de hasta 15 años, además de contemplar sanciones alternativas.
Entre las medidas previstas figuran servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibiciones específicas y mediación penal juvenil para infracciones leves, así como la suspensión del juicio a prueba con consentimiento de las partes involucradas. El proyecto también propone institutos especiales donde los jóvenes puedan continuar sus estudios, recibir atención médica y apoyo psicopedagógico, con la finalidad de promover su reinserción social.
La discusión en el recinto estuvo marcada por posturas encontradas. Para los diputados que apoyaron la iniciativa, la baja de la edad de imputabilidad constituye un avance en materia de seguridad y justicia, alineándose con demandas de diversos sectores de la opinión pública que reclaman respuestas más firmes ante hechos delictivos protagonizados por adolescentes.
Por su parte, legisladores críticos señalaron que la reforma profundiza un enfoque punitivo sin abordar las causas estructurales del fenómeno delictivo, como la falta de oportunidades educativas y sociales. Asimismo, cuestionaron la ausencia de un régimen penal juvenil integral con enfoque de derechos y prevención.
La media sanción en diputados representa un hito en el debate sobre justicia juvenil en Argentina, pero la sanción definitiva dependerá del resultado en la Cámara alta, donde el oficialismo busca asegurar los apoyos necesarios para convertir la iniciativa en ley.
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