El proyecto aprobado en Diputados redefine el proceso penal para adolescentes, incorpora garantías para las víctimas y prevé recursos específicos para su implementación
El nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado en Diputados introduce una transformación integral del sistema, no solo por la reducción de la edad de imputabilidad, sino también por la incorporación de nuevas reglas procesales, derechos para las víctimas y un esquema de financiamiento destinado a su puesta en marcha.
Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra el reconocimiento expreso del rol de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La normativa garantiza su derecho a recibir información sobre el avance de la causa, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico y a acceder a asistencia psicológica. Asimismo, podrán intervenir en instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos orientados a la reparación del daño cuando las circunstancias lo permitan.
La reforma también establece que el sistema deberá orientarse a la reinserción social del adolescente. Por ello, los centros de detención deberán asegurar continuidad educativa, capacitación laboral y programas de acompañamiento que favorezcan la reintegración social una vez cumplida la sanción.
Otro aspecto clave incorporado en la última versión del proyecto es la definición de recursos presupuestarios para su implementación. Se prevé una asignación económica específica destinada a cubrir la creación y funcionamiento de instituciones especializadas, la capacitación del personal y el fortalecimiento de las estructuras judiciales. Parte de estos fondos será aportada por el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina y otra por la Defensoría General de la Nación, luego de negociaciones con las provincias que reclamaban previsibilidad financiera.
El avance del proyecto instala una discusión de fondo sobre el equilibrio entre seguridad, responsabilidad penal y protección de derechos en la adolescencia. La decisión final quedará ahora en manos del Senado, donde se espera un nuevo debate sobre los alcances de una reforma que busca modificar de manera sustancial el abordaje estatal del delito juvenil en el país.
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