El relato oficial de austeridad y reformas choca con la realidad de policías y gendarmes que denuncian precarización y falta de apoyo estatal.
El gobierno de Javier Milei insiste en que la seguridad es uno de los pilares de su gestión. Sin embargo, la realidad de quienes integran las fuerzas federales muestra un panorama muy distinto. Policías, gendarmes y agentes penitenciarios afirman que la “familia uniformada” se empobrece cada vez más, sin acceso a una cobertura de salud eficiente ni a salarios dignos.
La tensión se refleja en los pasillos de las instituciones: conversaciones sobre acuartelamientos circulan con fuerza, aunque el miedo a represalias mantiene a los efectivos en silencio. El déficit en la obra social IOSFA y la falta de recursos para cubrir necesidades básicas son los principales reclamos.
El relato de austeridad y reformas que impulsa La Libertad Avanza se derrumba frente a la evidencia: los uniformados deben hacer malabares para sobrevivir, mientras el gobierno utiliza la agenda de seguridad como herramienta política para fidelizar a su núcleo duro de votantes .
La situación no solo afecta a las fuerzas federales, sino también a muchas policías provinciales, que enfrentan idénticos problemas de bajos ingresos y precarización. El contraste entre las promesas de campaña y la realidad cotidiana genera un clima de frustración que amenaza con convertirse en un conflicto mayor.
Autor
