Menos ingresos reales, recortes indirectos y reformas que debilitan el financiamiento de la Seguridad Social
La política económica del gobierno nacional tiene a los jubilados entre los sectores más afectados. La combinación de ingresos en retroceso, inflación persistente y recortes indirectos en prestaciones configura un escenario de creciente vulnerabilidad social para los adultos mayores.
Las protestas semanales frente al Congreso, encabezadas mayormente por jubilados, se repiten como respuesta a un deterioro que va más allá de los haberes. A la pérdida de poder adquisitivo se suma el encarecimiento de los medicamentos tras la desregulación de precios, la reducción de prestaciones del PAMI y un clima de creciente conflictividad marcado por operativos policiales de gran magnitud.
El esquema de actualización con rezago profundiza el ajuste. Cuando la inflación acelera, los aumentos llegan tarde y resultan insuficientes. Este mecanismo explica que las jubilaciones hayan caído en términos reales durante varios meses consecutivos, aun cuando nominalmente muestran incrementos.
La situación se agrava al observar las proyecciones oficiales y privadas sobre pobreza. Incluso cobrando la mínima con bono, muchos jubilados quedan por debajo o apenas por encima del ingreso necesario para no ser considerados pobres. Esto expone una fragilidad estructural que se arrastra desde hace años, pero que se intensificó en el último período.
En paralelo, el sistema previsional enfrenta riesgos adicionales por cambios legislativos en discusión. El proyecto de Reforma Laboral impulsado por el oficialismo propone reducir las contribuciones patronales: del 20,4 al 17,4 por ciento para empleadores del sector servicios y del 18 al 15 por ciento para el resto de las actividades privadas, en puestos ya registrados.
Estas contribuciones constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de la Anses, organismo encargado de pagar jubilaciones y pensiones. También sostienen al PAMI, la obra social de los jubilados, y al sistema de asignaciones familiares. Una reducción en estos aportes implica, de manera directa, menos recursos para la Seguridad Social.
El proyecto incorpora además la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema de capitalización destinado al pago de indemnizaciones. Este fondo se financiaría con un aporte empresario equivalente al 3 por ciento de la masa salarial, que sería compensado con una reducción adicional de tres puntos en las contribuciones patronales. En términos netos, el impacto vuelve a ser negativo para el financiamiento previsional.
Experiencias anteriores muestran que este tipo de beneficios para los empleadores no necesariamente se traducen en mayor empleo registrado. En cambio, sí generan un debilitamiento de los ingresos del sistema que sostiene a jubilados y pensionados.
En este contexto, los adultos mayores aparecen nuevamente como el eslabón más frágil del ajuste fiscal. Con ingresos que pierden frente a la inflación, prestaciones recortadas y un sistema previsional desfinanciado, la discusión sobre el futuro de las jubilaciones vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica y social del país.
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