El Senado mantiene paralizada la designación de autoridades en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que lleva casi un año sin conducción. El proceso vence en marzo y podría anularse, mientras avanzan discursos punitivos y se profundiza el ajuste sobre las políticas de infancia.
Mientras el debate público se ve atravesado por propuestas para endurecer el sistema penal juvenil y reducir la edad de imputabilidad, el Estado nacional mantiene desatendido uno de los pilares institucionales creados para la defensa de los derechos de las infancias. La Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra sin autoridades desde mayo del año pasado y el Senado aún no trata la designación de su nueva conducción.
La alerta fue encendida por el colectivo Infancia en Deuda, que denunció que la acefalía del organismo no es producto de demoras técnicas ni de la falta de candidatos, sino de una decisión política que bloquea el funcionamiento pleno de la Defensoría. Según señalaron, el proceso de selección ya fue completado y solo resta la aprobación parlamentaria para que se concrete la designación.
El concurso público concluyó el 22 de septiembre de 2025, cuando la Comisión Bicameral elevó al Congreso una terna encabezada por María Paz Bertero, abogada formada en la Universidad Nacional de La Plata y con trayectoria en temas de género. El trámite avanzó rápidamente en Diputados, que el 8 de octubre aprobó el orden de mérito y giró el expediente al Senado.
Desde entonces, la iniciativa permanece sin tratamiento en la Cámara alta, presidida por Victoria Villarruel. La dilación no es inocua: el reglamento establece que el proceso tiene una vigencia de 180 días desde su elevación, plazo que se cumple el 21 de marzo. De no mediar una definición antes de esa fecha, la selección perdería validez y debería iniciarse nuevamente desde cero.
Las organizaciones advierten que esta parálisis constituye un bloqueo institucional con impacto directo en la vida de niñas, niños y adolescentes. Sin una autoridad legitimada, la Defensoría ve restringida su capacidad de intervenir frente al Estado y actores privados, exigir el cumplimiento de políticas públicas, supervisar recortes presupuestarios y actuar ante situaciones de vulneración de derechos.
La crisis institucional se profundizó tras el fin del mandato de Marisa Graham, quien estuvo al frente del organismo durante cinco años. Aunque una resolución interna permitió su continuidad para evitar la interrupción de funciones, en junio de 2025 la Comisión Bicameral resolvió su destitución por mayoría simple, impulsada por el oficialismo y bloques aliados, bajo el argumento de que la prórroga era inválida.
En aquella sesión, se autorizó a Sebastián Andrés Medina a asumir tareas administrativas de manera transitoria hasta la designación de un nuevo titular. Sin embargo, ya en agosto de 2025 se advertía que la prolongación de una conducción interina debilitaba la independencia del organismo, reducía su capacidad de planificación a largo plazo y demoraba decisiones esenciales para la protección integral de derechos.
El contexto social agrava aún más la situación. En la Argentina, cerca de la mitad de la población infantil vive en condiciones de pobreza, al tiempo que se intensifica el ajuste sobre áreas sensibles como educación, salud y protección social. Frente a ese escenario, la combinación de discursos que promueven la baja de la edad de imputabilidad y la falta de prioridad política para fortalecer los organismos de cuidado expone una profunda desatención estatal hacia la niñez.
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