La iniciativa impulsada por Oscar Zago y Eduardo Falcone propone eliminar los beneficios previsionales diferenciales para exmandatarios, jueces de la Corte Suprema, funcionarios judiciales y miembros de la Iglesia. El impacto fiscal y los principales cambios que plantea la propuesta.
Un proyecto de ley que busca poner fin a las llamadas jubilaciones de privilegio volverá a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria a partir de marzo de 2026. La iniciativa es impulsada por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y apunta a derogar los regímenes especiales que hoy permiten el cobro de asignaciones mensuales vitalicias por montos millonarios a determinados exfuncionarios y autoridades.
En la actualidad, estos beneficios alcanzan a expresidentes, exvicepresidentes, exjueces de la Corte Suprema y a integrantes del clero, quienes perciben ingresos que, según el cargo, oscilan entre los 2 y los 6 millones de pesos mensuales, e incluso superan ampliamente esa cifra en algunos casos. Frente a este escenario, los legisladores del MID insisten con una propuesta presentada originalmente en 2024, que será nuevamente analizada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El debate se reactivó luego de que los autores del proyecto accedieran a un informe técnico que estima el impacto fiscal de la medida. De acuerdo con el estudio elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la eliminación de las jubilaciones de privilegio permitiría un ahorro anual de aproximadamente 1.234 millones de pesos para el Estado nacional. El relevamiento fue solicitado por el presidente de la comisión, el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
En declaraciones públicas, Eduardo Falcone aseguró que el objetivo es “terminar con los privilegios de la política” y remarcó que, tras más de un año de insistencia, lograron que se cuantifique el ahorro fiscal que implicaría la reforma. Desde el bloque destacaron el rol técnico de la OPC y recordaron que durante la gestión anterior de la comisión no obtuvieron respuestas similares.
Qué plantea el proyecto
La iniciativa propone derogar las leyes que establecen asignaciones vitalicias y regímenes previsionales especiales para una amplia nómina de beneficiarios. Entre ellos se encuentran:
- Arzobispos
- Obispos con jurisdicción
- Obispos auxiliares
- Vicario y provicario castrense
- Sacerdotes seculares del culto católico
- Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación (embajadores, ministros plenipotenciarios, consejeros y secretarios en distintas categorías)
- Presidente y vicepresidente de la Nación
- Jueces de la Corte Suprema
- Magistrados del Poder Judicial
No obstante, el texto contempla algunas particularidades. El artículo tercero establece que el Presidente de la Nación, una vez finalizado su mandato, podrá percibir una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración vigente del cargo. En tanto, el artículo cuarto aclara que, por el principio de irretroactividad de las leyes, el Poder Ejecutivo deberá invitar de manera formal a los exfuncionarios actualmente alcanzados por estos beneficios a renunciar de forma voluntaria a las jubilaciones especiales. En el caso de los expresidentes, se les ofrecería la opción de adherir al esquema del 80% del salario presidencial.
El impacto fiscal según la OPC
El informe técnico de 15 páginas elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso detalla que el gasto actual en jubilaciones de privilegio asciende a 1.614,8 millones de pesos por año. Esa cifra se distribuye de la siguiente manera:
- 45,8 millones de pesos destinados a eclesiásticos
- 859,6 millones de pesos correspondientes a expresidentes y exvicepresidentes
- 709,5 millones de pesos a exjueces de la Corte Suprema
De aprobarse la ley, el gasto total se reduciría a 380,6 millones de pesos anuales. Ese monto incluiría 51,5 millones de pesos en concepto de Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) para eclesiásticos; 169,1 millones de pesos en jubilaciones de expresidentes; y 159,9 millones de pesos para exjueces de la Corte Suprema, calculadas bajo el Régimen General de Jubilaciones y Pensiones.
El proyecto elimina directamente el beneficio previsional especial para los exvicepresidentes, lo que explica una parte sustancial del ahorro estimado. En el caso de los eclesiásticos que pasarían a cobrar la PUAM, el informe aclara que el gasto individual podría incluso incrementarse, ya que muchos de los haberes actuales son inferiores al monto de esa prestación.
Un contraste que reaviva la discusión
El debate sobre las jubilaciones de privilegio se da en un contexto de fuerte contraste con los ingresos del sistema previsional general. Hoy, una jubilación mínima, sumado el bono mensual de 70 mil pesos, ronda los 440 mil pesos. En sentido opuesto, algunos beneficiarios de los regímenes especiales perciben ingresos que superan ampliamente los 10 o 15 millones de pesos mensuales.
Con estos números sobre la mesa, Zago y Falcone volverán a presentar formalmente la iniciativa a partir del 1 de marzo, cuando se inicie el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso. Allí comenzará un nuevo capítulo de un debate que combina impacto fiscal, equidad previsional y una fuerte carga política.
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