La Cancillería trabaja en un dictamen para evitar el tratamiento parlamentario del ingreso al Board of Peace, el organismo creado por Donald Trump con posibles implicancias militares. La decisión reaviva el debate constitucional y expone el alineamiento automático del Ejecutivo con Washington.
En una maniobra que vuelve a tensionar el equilibrio institucional, el gobierno de Javier Milei avanza para incorporar a la Argentina al Board of Peace —una nueva estructura internacional promovida por el presidente estadounidense Donald Trump— sin pasar por el Congreso Nacional. La instrucción, impartida desde la Cancillería, apunta a sortear el debate parlamentario pese a lo que establece con claridad la Constitución.
La orden fue transmitida por el canciller Pablo Quirno al titular de la Dirección de Organismos Internacionales, Alejandro Verdier, para que elabore un dictamen que justifique que la adhesión argentina no sea enviada al Poder Legislativo. El objetivo es evitar que las Cámaras analicen la integración a un organismo internacional que, según especialistas, se apoya necesariamente en acuerdos o tratados que requieren aprobación parlamentaria.
El ingreso fue firmado por Milei durante su participación en el Foro de Davos, donde la Argentina selló su incorporación inicial a este “Directorio de la Paz”. Se trata de una organización que, en su primera etapa, prevé intervenir en la Franja de Gaza, un escenario de altísima conflictividad, con potenciales derivaciones de carácter militar. Justamente por ese motivo, constitucionalistas y expertos en relaciones internacionales advierten que la participación argentina podría implicar responsabilidades internacionales sensibles.
La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 22, es taxativa al señalar que corresponde al Congreso “aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales”. Para los especialistas, no existe margen interpretativo: cualquier compromiso de esta naturaleza debe pasar por el Parlamento, aun cuando la negociación haya sido llevada adelante por el Poder Ejecutivo.
El intento de eludir al Congreso se produce, además, en un contexto de fuerte alineamiento de la política exterior argentina con la de Estados Unidos. En la Cancillería reconocen que se trabaja en dictámenes que replican decisiones de Washington, incluso en el retiro de organismos internacionales. En paralelo, se busca ahora un atajo jurídico para justificar la adhesión al Board of Peace sin debate legislativo.
El nuevo organismo impulsado por Trump genera desconfianza en buena parte de la comunidad internacional. Aunque se presenta como una iniciativa de Occidente, la mayoría de los países centrales no se sumaron. Quedaron afuera la Unión Europea —con la excepción de Hungría—, Canadá y potencias regionales como Brasil y México. En la firma del acta constitutiva, los únicos mandatarios occidentales presentes fueron Milei y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ambos señalados como los aliados más entusiastas del exmandatario estadounidense.
La composición del Board y su funcionamiento también despiertan críticas. Trump se autoproclamó presidente del organismo, con poder para aceptar o vetar miembros, administrar los fondos y tomar las decisiones centrales. La estructura, más cercana a un directorio empresarial que a un consejo multilateral, refuerza la idea de una “ONU paralela” controlada de manera unilateral. No por casualidad, varios gobiernos consideran que se trata de un intento de vaciar de contenido a las Naciones Unidas y esquivar sus estándares en materia de derechos humanos.
Durante el acto en Davos, Trump ingresó al salón como figura central y convocó a los líderes uno por uno para firmar. Luego presentó a la conducción ejecutiva del Board, integrada por figuras de su máxima confianza, entre ellas su yerno Jared Kushner, su enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, el secretario de Estado Marco Rubio y el ex primer ministro británico Tony Blair. La escena dejó en evidencia el control absoluto del presidente estadounidense sobre la flamante entidad.
El discurso de Kushner agregó otro foco de polémica. Sin ocupar un cargo formal en el gobierno de Estados Unidos, expuso un ambicioso plan de reconstrucción de Gaza desde una perspectiva inmobiliaria y de infraestructura, con puertos, aeropuertos y desarrollos turísticos. La propuesta generó fuertes reparos por plantearse en medio de un conflicto armado, sin aval multilateral y con el riesgo de beneficiar intereses privados y geopolíticos por sobre una solución consensuada.
En ese marco, el gobierno argentino confirmó que no realizará el aporte de mil millones de dólares requerido para acceder a la categoría plena dentro del Board. La adhesión será, por ahora, por un período de tres años y en una membresía de menor jerarquía, lo que refuerza las críticas sobre la existencia de “socios de primera y de segunda”.
Todos estos aspectos —la legalidad del ingreso, el manejo de fondos, la posible subordinación a una estructura personalista y las implicancias militares— serían objeto de un intenso debate parlamentario. Sin embargo, la decisión política es clara: por orden directa de Milei, la Cancillería busca saltear al Congreso y avanzar como sea con la incorporación argentina al Board of Peace, aun cuando eso implique forzar los límites que fija la Constitución.
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