La administración uruguaya aprobó el uso de metiocarb y tiacloprid para reducir poblaciones de Myiopsitta monachus. La decisión, impulsada por sectores del agronegocio, fue adoptada sin consulta pública ni estudios técnicos previos y genera preocupación por sus impactos en la biodiversidad.
El Poder Ejecutivo de Uruguay resolvió autorizar la aplicación de dos agroquímicos —metiocarb y tiacloprid— con el objetivo de disminuir la cantidad de cotorras (Myiopsitta monachus) en distintas zonas del país. La medida se tomó en un contexto de fuerte presión del sector agroindustrial, que reclama acciones rápidas frente a los daños atribuidos a la especie.
Ambas sustancias se encuentran prohibidas en Argentina y en la Unión Europea debido a los riesgos que implican para el ambiente y la fauna silvestre. Pese a esos antecedentes, la normativa uruguaya habilita su utilización sin haber realizado instancias de participación ciudadana ni evaluaciones científicas previas que dimensionen el tamaño real de las poblaciones de cotorras o la eficacia del método elegido.
Uno de los aspectos más controvertidos de la resolución es que permite la aplicación directa de los compuestos sobre las aves y sus nidos. Especialistas advierten que esta práctica no solo afecta a la especie objetivo, sino que puede provocar consecuencias colaterales de gran alcance. Otras aves silvestres podrían entrar en contacto con los químicos, ya sea por exposición directa o por contaminación del entorno.
El impacto potencial se extiende además a la cadena trófica. Predadores naturales —como aves rapaces, armadillos, zorros y zorrinos— podrían alimentarse de ejemplares fumigados, dispersando los efectos tóxicos a lo largo del ecosistema. Este fenómeno incrementa el riesgo de daños acumulativos y difíciles de revertir.
Organizaciones ambientales y referentes científicos cuestionan que la estrategia se implemente sin analizar alternativas de manejo sustentable ni contar con estudios que respalden su seguridad y efectividad. Señalan que el control químico, en estas condiciones, puede resultar más perjudicial que beneficioso y comprometer la biodiversidad a mediano y largo plazo.
La autorización reabre el debate sobre cómo abordar los conflictos entre producción y conservación, y pone en foco la necesidad de políticas públicas basadas en evidencia científica, evaluación de impactos y participación social antes de adoptar medidas con consecuencias ambientales significativas.
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