El régimen aprobado por decreto apunta a ordenar la asistencia energética, fijar precios de referencia mayoristas y aplicar bonificaciones decrecientes para evitar saltos abruptos en las facturas.
El Gobierno nacional avanzó con la implementación de un nuevo modelo de subsidios energéticos que comenzará a regir de forma progresiva desde enero. El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), oficializado mediante el decreto 943/2025, busca unificar criterios, reducir distorsiones y concentrar los recursos públicos en los sectores que realmente los necesitan.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la aplicación gradual del nuevo esquema tarifario. Durante el primer mes de vigencia se otorgará una bonificación extraordinaria adicional del 25%, lo que llevará la cobertura total al 75% en el caso de la electricidad y al 25% en el gas. Ese refuerzo se irá reduciendo de manera escalonada hasta desaparecer hacia fin de año, con el objetivo de evitar incrementos bruscos en las boletas de servicios.
En paralelo, el decreto establece nuevos valores de referencia para los precios mayoristas. En el caso de la electricidad, el costo se alineará con el valor monómico de generación, estimado en 75 dólares por megavatio hora. Para el gas, se fijó un precio uniforme de 3,80 dólares por millón de BTU.
Las bonificaciones previstas no solo alcanzarán a los hogares residenciales incluidos en el régimen, sino también a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y organizaciones sin fines de lucro, que continuarán recibiendo asistencia estatal para afrontar el costo de la energía.
Respecto de la Tarifa Social Federal de Gas, la nueva normativa aclara que, para los usuarios de gas natural, los descuentos se aplicarán exclusivamente sobre el precio promedio anual definido por el Plan Gas.Ar. Quedan excluidos de la bonificación los costos asociados al abastecimiento mediante gas regasificado o contratos que no formen parte de ese esquema.
Con este rediseño, el Ejecutivo apunta a simplificar el sistema de subsidios, reducir superposiciones entre programas y avanzar hacia un modelo más transparente. A partir de ahora, el acceso a la asistencia energética estará determinado por ingresos y condiciones socioeconómicas unificadas, en un contexto de ajuste gradual de tarifas y redefinición del rol del Estado en el sostenimiento de los servicios públicos.
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