Explosiones sacudieron Caracas durante la madrugada tras una ofensiva aérea estadounidense. El gobierno venezolano denunció una agresión militar, declaró el estado de Conmoción Exterior y exigió una prueba de vida del presidente Nicolás Maduro, cuyo paradero es desconocido.
Durante la madrugada, la ciudad de Caracas se vio alterada por fuertes detonaciones y el sobrevuelo de aeronaves a baja altura. Horas después, se confirmó que se trató de una ofensiva militar atribuida a los Estados Unidos, lo que provocó una inmediata escalada de tensión política y social en Venezuela.
El propio Donald Trump aseguró públicamente que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y que ambos fueron trasladados fuera del país. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial independiente sobre esa versión ni información precisa acerca de su destino.
Desde el gobierno bolivariano calificaron el hecho como una “grave agresión militar” contra el territorio nacional. A través de un comunicado oficial, denunciaron bombardeos en zonas civiles y militares de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Las autoridades sostuvieron que el ataque viola de manera directa los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los que protegen la soberanía de los Estados y prohíben el uso de la fuerza.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez reconoció que el país fue blanco de un “ataque aéreo brutal” y afirmó que, tras los hechos, se desconoce el paradero del mandatario. En ese marco, exigió al gobierno estadounidense que presente una prueba de vida del presidente constitucional.
Con el correr de las horas, el Ejecutivo venezolano declaró el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. La medida, según se informó, busca garantizar el funcionamiento de las instituciones, resguardar los derechos de la población y activar los mecanismos de defensa previstos por la Constitución y las leyes de seguridad nacional. Además, se ordenó el despliegue inmediato de los órganos de Defensa Integral en todos los estados y municipios.
En el documento difundido por las autoridades, el gobierno sostuvo que el objetivo de la ofensiva sería apropiarse de recursos estratégicos del país, especialmente petróleo y minerales, y forzar un cambio político mediante la intervención militar. En ese sentido, reafirmaron que Venezuela no cederá su independencia y recordaron antecedentes históricos de resistencia frente a potencias extranjeras.
El llamado oficial incluyó una convocatoria a la movilización popular. Dirigentes políticos y sociales fueron instados a repudiar el ataque y a respaldar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo que describieron como una defensa conjunta entre el pueblo y las instituciones de seguridad. De hecho, desde temprano comenzaron a concentrarse ciudadanos frente al Palacio de Miraflores para manifestar su rechazo a la ofensiva y reclamar la liberación de Maduro y su esposa.
En el plano internacional, el gobierno anunció que elevará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general del organismo y distintos espacios regionales y multilaterales, con el objetivo de exigir una condena al accionar estadounidense y responsabilidades políticas por lo ocurrido.
Finalmente, las autoridades venezolanas advirtieron que el país se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, amparado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y convocaron a los gobiernos y pueblos de América Latina, el Caribe y otras regiones a expresar su solidaridad frente a lo que calificaron como una amenaza a la paz regional.
La situación en Caracas y en el resto del país continúa siendo de extrema tensión, mientras persiste la incertidumbre sobre el destino del presidente venezolano y las posibles consecuencias de la ofensiva militar denunciada.
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