Organizaciones socioambientales alertan sobre el impacto hídrico y la falta de rigurosidad en el Estudio de Impacto Ambiental. El gobierno provincial asegura que habrá controles.
La discusión por la megaminería volvió a encender el debate en Mendoza. Tras una jornada marcada por una movilización masiva desde distintos puntos del territorio provincial, el Senado aprobó la normativa que habilita la explotación de cobre en Uspallata, en el marco del Proyecto Minero San Jorge.
La marcha representó una de las acciones más significativas de los últimos años: más de 100 kilómetros recorridos desde Uspallata hacia la capital, acompañados por columnas de distintos departamentos. La consigna fue clara: proteger el agua ante una actividad que demanda grandes volúmenes y genera preocupación por la contaminación.
Aun así, los manifestantes no lograron repetir el histórico freno legislativo de hace 14 años. La aprobación legislativa fue mayoritaria y alineada con el impulso del gobernador Alfredo Cornejo, quien desde el inicio sostuvo la necesidad de habilitar la minería metalífera y que incluso promovió la eliminación de la Ley de Glaciares a nivel nacional.
Del lado de las organizaciones ambientales, el referente Daniel Funes expresó que la votación representa “un retroceso democrático”, al considerar que los legisladores defendieron intereses del Ejecutivo provincial por encima de la voluntad ciudadana. Señaló que, tras años de estigmatización y represión hacia las protestas, muchas personas sienten temor de movilizarse, por lo que la masiva presencia en las calles resultó un hecho alentador.
El activista también recordó episodios ocurridos en manifestaciones previas, como la detención de dos personas por parte de la policía provincial durante más de dos días sin explicación alguna, situaciones que quedaron registradas en videos donde se observa violencia policial.
Otro punto clave de las críticas recae sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Instituciones como el Conicet, la Universidad Nacional de Cuyo y organizaciones religiosas advertieron que el informe no cumple con los estándares técnicos necesarios para un emprendimiento de tal magnitud. En particular, la UNCuyo alertó que se emplearían sustancias tóxicas que podrían dispersarse por acción del viento o del agua y llegar a los cauces de los ríos, comprometiendo la salud de la población.
Además, según Funes, la empresa presenta cifras de empleo poco realistas. Mientras asegura la creación de 5.000 puestos de trabajo, los propios documentos oficiales indican que solo habría 1.200 durante la fase de construcción y cerca de 500 en las etapas posteriores.
La provincia también arrastra antecedentes con impactos ambientales severos. El yacimiento de uranio Sierra Pintada, actualmente inactivo, dejó un fuerte daño ambiental y no puede ser reactivado por orden judicial. Para los activistas, esta experiencia demuestra los riesgos de permitir nuevos proyectos extractivos.
Finalmente, Funes remarcó que el agua de más de 1.4 millones de personas podría verse afectada por el avance del proyecto San Jorge, y llamó a reflexionar sobre el modelo productivo que se impulsa en la provincia: “Mendoza sigue siendo administrada como en tiempos pasados, sin considerar el daño que puede generar un solo emprendimiento minero”.
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