El proyecto del Gobierno redefine conceptos clave, habilita modalidades más precarias y podría elevar los despidos a niveles récord, según advierten laboralistas y referentes políticos.
El avance del Gobierno para aprobar con urgencia una reforma laboral encendió las alarmas en diversos sectores. Durante la tarde del martes, legisladores de la oposición mantuvieron reuniones con referentes sindicales para evaluar el impacto del proyecto que, según afirmaron, “significa un retroceso claro en el mundo del trabajo”.
La futura diputada Teresa García calificó la iniciativa como un golpe directo a la estructura de derechos conquistados durante décadas. En sintonía, el gobernador Axel Kicillof señaló que la propuesta oficial “evoca las viejas recetas de los años 90” y que, lejos de modernizar la normativa, “instala un régimen de desprotección que desfinancia la seguridad social”.
Dentro del peronismo remarcan que la reforma que el Ejecutivo intenta imponer “no nace en Argentina, sino como parte de un condicionamiento externo”. Al mismo tiempo insisten en que están dispuestos a discutir actualizaciones normativas, pero no bajo el formato de precarización que, aseguran, propone el oficialismo.
En su lugar, plantean prioridades diametralmente opuestas:
- Recuperación del salario, clave para reactivar el consumo y sostener la actividad económica.
- Reducción de la jornada laboral para garantizar calidad de vida y equilibrio entre trabajo y vida personal.
- Ampliación de derechos, incorporando nuevas tecnologías con mecanismos de protección, licencias más extensas, cobertura para monotributistas y medidas de prevención de riesgos laborales.
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto libertario es el capítulo destinado a trabajadores de plataformas. En lugar de integrarlos a la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno propone mantenerlos como cuentapropistas sin límites horarios, sin indemnización y sin convenios colectivos, perpetuando una zona gris legal que deja al trabajador desamparado.
En diálogo con medios nacionales, el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano sostuvo que la iniciativa “invierte la presunción de laboralidad”, lo que impediría que miles de trabajadores actualmente disfrazados de monotributistas puedan reclamar sus derechos. Para él, se trata de “la legalización del fraude laboral”.
El especialista también alertó que el uso de fondos previsionales para financiar despidos, junto con la reducción de aportes a obras sociales, podría poner en riesgo la salud de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema jubilatorio. En un contexto de contracción del empleo, advierte que esta modalidad podría disparar despidos “a niveles históricos”.
El esquema se completa con el banco de horas, que habilitaría al empleador a modificar horarios de manera unilateral, y con un régimen de vacaciones que recorta la posibilidad de tomarlas en épocas estivales. “Esto no es modernización; es desprotección”, concluye.
En un clima político atravesado por la urgencia del Gobierno por quitar derechos laborales y aprobar la reforma antes de fin de año, la resistencia se extiende entre sindicatos, opositores y especialistas, que anticipan un escenario de conflicto creciente si el oficialismo insiste en profundizar el ajuste sobre los trabajadores.
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