El proyecto que el Gobierno enviará al Congreso redefine escalas penales, amplía el tiempo de prisión para gran variedad de delitos y establece nuevas reglas sobre prescripción y excarcelación. Este es el detalle de los principales cambios.
El nuevo Código Penal que el Ejecutivo presentará en el Parlamento durante las Sesiones Extraordinarias contempla un vasto conjunto de modificaciones que buscan reforzar las sanciones y restringir los beneficios para distintos delitos. El texto incluye incrementos de penas, nuevos criterios para determinar la imprescriptibilidad y límites más estrictos para la ejecución en libertad.
Entre los aumentos más relevantes, el homicidio simple podría pasar a tener un rango de 10 a 30 años de prisión; las lesiones leves se elevarían a entre 1 y 3 años; y las lesiones ocasionadas por conducción imprudente llegarían a un marco de 2 a 6 años en su figura básica y de 3 a 6 años en su modalidad agravada. También se duplica la pena máxima para casos de abuso de armas y se amplían significativamente las sanciones para delitos vinculados a pornografía infantil, posesión de material de abuso sexual infantil y privación ilegítima de la libertad.
Otros delitos con subas importantes incluyen trata de personas (hasta 10 años en su modalidad simple y hasta 15 en la agravada), hurto (hasta 3 años), robo simple (3 a 8 años), estafas (1 a 8 años), usurpación (3 a 10 años), agresiones en manifestaciones, portación de armas sin autorización y cohecho.
La iniciativa también establece que una serie de delitos pasen a ser imprescriptibles. Entre ellos se encuentran homicidios agravados; abuso sexual en todas sus modalidades; grooming; producción y distribución de material de explotación sexual infantil; corrupción de menores; facilitación de la prostitución; trata de personas; secuestro extorsivo; crímenes vinculados a organizaciones criminales; terrorismo y su financiamiento; y tráfico y contrabando de estupefacientes. Con esta medida, el Estado se asegura la posibilidad de investigar y sancionar estos hechos sin límite temporal.
Otro aspecto relevante es la obligatoriedad del cumplimiento efectivo para diversas conductas delictivas, como estragos agravados, robos especialmente agravados y portación ilegal de armas en distintas categorías. Esto supone que quienes sean condenados por estas figuras no podrán acceder a regímenes de libertad anticipada.
Con este conjunto de modificaciones, el Ejecutivo busca dejar sentadas nuevas bases en la política criminal del país, reforzando la severidad del sistema penal y reduciendo el margen para medidas alternativas a la prisión.
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