El borrador reduce horarios, impulsa la autonomía institucional y promueve la educación en casa. Expertos señalan un retroceso normativo y alertan sobre la conversión del sistema en un mercado.
La circulación del borrador de la futura reforma educativa que impulsa el oficialismo desató una intensa discusión pública. Aunque los legisladores aún no confirmaron si este documento será el que llegue al Congreso, especialistas coinciden en que el contenido refleja con claridad la orientación que el gobierno pretende darle al sistema escolar: mayor desregulación, protagonismo privado y un Estado limitado a un rol secundario.
La filtración tomó relevancia luego de que una integrante del Consejo de Mayo admitiera que el texto estaba siendo analizado internamente. Esa declaración confirmó que, lejos de tratarse de una simple propuesta preliminar, el borrador constituye una base real de trabajo para reemplazar la Ley de Educación Nacional.
Autonomía total para instituciones y pérdida de derechos docentes
El documento propone que cada escuela defina de manera independiente sus planes, calendarios y criterios de contratación. Esta autonomía institucional, según analistas, trasladaría decisiones clave del Estado a organismos sin capacidad garantizada de control ni regulación.
Para Guillermo Ruiz, el proyecto convierte a las escuelas en “bienes transables dentro de un mercado educativo”, donde la competencia sería el principal motor de funcionamiento. Esta dinámica, indica, favorecería a los establecimientos con mayores ingresos, que podrían atraer docentes y estudiantes con mejores condiciones.
El borrador también incorpora la figura del “servicio educativo esencial”, lo que limitaría el derecho a huelga de los docentes. Ruiz subraya que esta disposición contradice normas constitucionales y estatutos laborales vigentes, debilitando derechos conquistados históricamente por el sector.
Desigualdad en ascenso y desfinanciamiento estructural
La propuesta elimina toda referencia explícita a la educación pública, un gesto que especialistas interpretan como signo de menosprecio hacia su función social. Al equiparar lo estatal con lo privado y plantear un Estado subsidiario, el proyecto habilita un trasvasamiento de fondos públicos hacia iniciativas privadas bajo el argumento de garantizar la “libertad de elección”.
Desde las universidades nacionales advierten que este esquema se suma a una tendencia de recortes presupuestarios sostenidos. Sin el piso de inversión del 6% del PBI, la educación pública quedaría sometida a decisiones discrecionales que podrían agravar su deterioro.
Además, la reducción de horas obligatorias en todos los niveles —30 menos en inicial, 40 en primaria y 180 en secundaria respecto de los mínimos actuales— implicaría una pérdida sustancial de tiempo educativo, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
Familias como gestoras educativas y la polémica por el Homeschooling
Uno de los aspectos más sensibles de la iniciativa es la habilitación de la educación en el hogar. La propuesta permite que los propios padres o una persona elegida por ellos asuman la enseñanza formal, sin precisar mecanismos de supervisión ni protocolos de validación.
Roberto Abdala sostiene que esta perspectiva revela una confianza excesiva en la capacidad de las familias para garantizar aprendizajes sistemáticos y señala que la iniciativa podría generar escenarios muy dispares en cuanto a calidad educativa.
El modelo remite a experiencias internacionales asociadas a grupos religiosos conservadores que buscan retirar a los niños del sistema formal. En algunos casos, incluso se promovieron prácticas disciplinarias severas bajo el argumento de fortalecer la obediencia. En Argentina, aunque la modalidad existe, su implementación carece de regulación clara y afecta a una minoría.
Un cambio estructural sin diagnóstico previo
Tanto Ruiz como Abdala coinciden en que la reforma se presenta sin un diagnóstico serio sobre el estado del sistema educativo. Las pruebas estandarizadas aportan datos parciales, pero no alcanzan para diseñar una transformación profunda que involucre financiamiento, condiciones docentes, infraestructura y contenido curricular en todo el país.
Para los especialistas, el gobierno busca instalar una discusión que se enmarca en su proyecto general de reducción del Estado y expansión del mercado. La educación, advierten, no sería la excepción.
Mientras tanto, la filtración del borrador obliga a adelantar un debate que el oficialismo pretendía postergar hasta su llegada formal al Congreso. Lo que queda claro es que, de avanzar esta iniciativa, el sistema educativo argentino podría enfrentar una de las modificaciones más profundas de las últimas décadas.
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