La justicia federal analiza la responsabilidad del vicealmirante Juan Carlos Coré, señalado por disponer una maniobra que habría buscado triturar documentación del Archivo General de la Armada. Los papeles podrían contener información clave para causas por delitos de lesa humanidad.
La investigación que pone bajo la lupa a un alto mando de la Armada
En un contexto político marcado por una fuerte revalorización oficial hacia las Fuerzas Armadas, la justicia federal investiga a un integrante del más alto nivel de la Marina por una decisión que podría comprometer pruebas fundamentales de procesos judiciales por crímenes de la dictadura. El vicealmirante Juan Carlos Coré, actual director general del Estado Mayor de la Armada, es el principal apuntado por haber ordenado la destrucción de documentos que permanecían bajo custodia institucional.
La denuncia fue presentada a principios de mes por el fiscal Félix Crous, responsable de la Unidad especializada en causas de derechos humanos de la Procuración General. Crous advirtió que el 8 de enero Coré firmó un mensaje naval de carácter reservado en el que dispuso el traslado del Archivo General de la Armada (AGA) desde el barrio porteño de San Telmo hacia el predio conocido como Taller Central, acompañado de una instrucción adicional: a partir del 10 de febrero, debían triturarse documentos.
Archivistas y organismos alertaron sobre las consecuencias
La maniobra tomó relevancia pública luego de que la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) alertara que entre los documentos a destruir podría existir material relevante para las causas por delitos de lesa humanidad. A partir de entonces, distintas querellas y fiscalías solicitaron medidas urgentes para frenar tanto el traslado como la eliminación de los archivos.
La primera magistrada en frenar la mudanza fue Alicia Vence, del fuero federal de San Martín, y a su decisión se sumaron otros jueces de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y la Ciudad de Buenos Aires, que adoptaron medidas similares.
Inicialmente, la Armada evitó precisar quién había dado la orden. Sin embargo, frente a los requerimientos judiciales, finalmente remitió al Tribunal Oral Federal 5 —encargado de juzgar los crímenes cometidos en la ESMA— la documentación que demostraba la participación directa de Coré.
Posibles delitos y violación de normativa interna
Con esos elementos, el fiscal Crous denunció al vicealmirante por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por intento de destrucción de pruebas, debido a que la instrucción no solo afectaba documentos relevantes, sino que incluso entraba en conflicto con normativas internas sobre la preservación de archivos.
El expediente quedó en manos del juez Daniel Rafecas, quien instruye la causa de mayor volumen en materia de lesa humanidad en la Ciudad de Buenos Aires, centrada en el accionar del Primer Cuerpo de Ejército. El fiscal Ramiro González, del mismo fuero, dio impulso a la investigación.
Un contexto político que suma preocupación
Para Crous, la orden de destruir archivos debe interpretarse en un marco más amplio. En su presentación, enumeró una serie de decisiones oficiales que, a su criterio, contribuyen a debilitar los mecanismos de preservación y acceso a documentación estatal vinculada a la última dictadura. Entre ellas, destacó:
- En febrero de 2024, el subsecretario Guillermo Madero se negó a remitir documentos requeridos por la Conadi, organismo encargado de la búsqueda de niñas y niños apropiados.
- El 26 de mayo de 2024, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich también rechazó colaborar con la Conadi, calificándola de “organismo militante”.
- El 2 de julio de 2024, el ministro Luis Petri dispuso la eliminación de los equipos de análisis documental en Defensa.
- El 13 de agosto de 2024, el presidente Javier Milei disolvió mediante decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI), que operaba dentro de la Conadi y tenía facultades para acceder a archivos oficiales.
- En mayo de 2025, Milei degradó la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría y redujo la jerarquía del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio ESMA.
En su denuncia, Crous planteó que estas decisiones se articulan con la maniobra de enero: “La negativa a responder requerimientos de la Conadi y la disolución de organismos clave fueron los prolegómenos del mensaje naval reservado que ordenaba la destrucción de documentos”.
Además, subrayó que la reciente “desjerarquización” del Archivo Nacional de la Memoria se suma a un patrón orientado a obstruir la preservación de pruebas vinculadas a los delitos del terrorismo de Estado.
Un antecedente que se remonta a la dictadura
La Marina argentina posee un registro histórico de destrucción de documentación. Ya durante los últimos años del régimen militar, entre 1982 y 1984, funcionó la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese), que se encargó de eliminar registros sobre el funcionamiento del grupo de tareas de la ESMA y otras dependencias.
En democracia, surgieron nuevas investigaciones que detectaron legajos adulterados de miembros de la fuerza, como los de Alfredo Astiz y Horacio Luis Ferrari, lo que abrió nuevas causas en la justicia federal.
Un escenario político marcado por tensiones
Tras las elecciones del 26 de octubre, el Gobierno profundizó su postura negacionista. El 6 de noviembre, Petri celebró públicamente haber desarticulado lo que calificó como un “grupo de trabajo nefasto”, dedicado —según él— a “carpetear” a militares con antecedentes vinculados a los años 70.
El giro se reforzó con la decisión de designar al jefe del Ejército, Carlos Presti, como próximo ministro de Defensa, manteniendo su condición militar activa. La medida rompe con una tradición de más de cuatro décadas orientada a desmilitarizar esa cartera. Presti es hijo de Roque Presti, señalado por su participación en secuestros y desapariciones durante los primeros años del terrorismo de Estado.
En paralelo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, expuso ante un comité de Naciones Unidas donde relativizó la magnitud de los crímenes del período y cuestionó a los organismos que trabajan en su esclarecimiento.
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