En una reunión en la Cámara de Diputados, jefes comunales del conurbano y del interior respaldaron un proyecto para disminuir el IVA que pagan los gobiernos locales. Fernando Espinoza advirtió que, si no se refuerza la asistencia social antes de marzo, podrían profundizarse los problemas derivados del incremento del hambre en distintos territorios.
Intendentes reclaman recursos y advierten por la crisis social
En un encuentro realizado en la Cámara de Diputados, una decena de intendentes de la provincia de Buenos Aires y de diferentes puntos del país coincidieron en la necesidad urgente de aliviar la carga fiscal sobre los municipios. La principal demanda fue apoyar la propuesta que plantea reducir el IVA del 21% al 10,5% para compras y contrataciones municipales, con el objetivo de recuperar capacidad de gestión y atender crecientes necesidades sociales.
Entre los participantes se destacó el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, quien llevó un mensaje contundente: “Antes de marzo debe resolverse la situación de la asistencia social, porque de lo contrario habrá serias dificultades, como chicos desnutridos o adultos mayores que no tengan qué comer”. Su intervención reflejó la preocupación por el aumento del hambre en los barrios y la insuficiencia de recursos para enfrentar el escenario.
Espinoza subrayó que los gobiernos locales atraviesan un momento crítico en lo económico y aseguró que “hoy los municipios son inviables”, dado que muchas provincias recibieron fuertes recortes de fondos por fuera de la coparticipación. “Hay distritos que están recibiendo hasta un 80% menos”, insistió, y remarcó que las primeras señales de crisis “se sienten en el despacho de un intendente”.
Un documento conjunto y reclamos a la Nación
Los jefes comunales firmaron un documento dirigido a los diputados nacionales donde pidieron que la reducción del IVA quede explícita en el proyecto de reforma tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo. Explicaron que, mientras el sector privado puede tomar el IVA como crédito fiscal, los municipios no cuentan con ese mecanismo, por lo que ese impuesto se convierte en un gasto imposible de recuperar.
El autor de la iniciativa, el diputado cordobés Juan Brügge (Encuentro Federal), sostuvo que en 2024 la recaudación de IVA alcanzó los 43 billones de pesos, y que permitir que una porción quede en manos de los gobiernos locales “podría modificar rápidamente la ecuación fiscal con la que deben afrontar obras, servicios y demandas urgentes”.
Brügge adelantó que la comisión que preside continuará convocando a representantes territoriales para que la reforma fiscal contemple las necesidades de las administraciones más cercanas a la ciudadanía. También destacó el ejemplo reciente de Córdoba, donde una reducción impositiva provincial tuvo un impacto presupuestario estimado en 900 mil millones de pesos.
Ferraresi y el debate sobre el déficit
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también tomó la palabra y señaló que el intento de trasladar ciertas responsabilidades al sector privado terminó generando un efecto contrario: “En salud, muchos argentinos dejaron de pagar una prepaga y regresaron al sistema público”. Además, envió un mensaje a la Nación en medio del debate por el déficit cero: “Los municipios ya trabajamos con equilibrio fiscal. Los 2.200 distritos del país tenemos las cuentas ordenadas”.
Participación federal y desafíos a futuro
La reunión, impulsada por el bloque que encabeza Miguel Pichetto, reunió a intendentes de distintas provincias y espacios políticos. Entre ellos participaron Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán y representante del COFEIN; Javier Pretto, viceintendente de Córdoba; Dante Velázquez, de La Quiaca; y Juan Manuel García, de Machagai.
En paralelo al debate por la reducción del IVA, los legisladores avanzan en la agenda de reformas que el Gobierno proyecta enviar al Congreso. Entre ellas figuran modificaciones laborales, penales y otra reestructuración tributaria que incluiría una nueva configuración del IVA: una tasa unificada del 9% para todos los productos y un porcentaje adicional a definir por cada provincia.
Mientras tanto, los intendentes insisten en que la situación social se encuentra en un punto crítico. Espinoza fue claro al cerrar su exposición: no hay margen para esperar más allá de marzo. Según expresó, la urgencia es atender el aumento del hambre y garantizar que los gobiernos locales cuenten con herramientas para enfrentar la creciente demanda de asistencia.
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