La provincia aprobó una normativa pionera que establece reglas y controles para el uso de sistemas de IA en organismos estatales. La medida incluye criterios de transparencia, protección de derechos y clasificación por nivel de riesgo tecnológico.
En un hecho sin precedentes a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires oficializó el primer marco regulatorio obligatorio destinado a ordenar el desarrollo y la utilización de herramientas de inteligencia artificial dentro del sector público. La decisión posiciona a la jurisdicción como la primera en fijar parámetros concretos en un ámbito donde la innovación suele avanzar más rápido que las regulaciones.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 9/2025, emitida por la Subsecretaría de Gobierno Digital y difundida a través del Boletín Oficial. El documento define estándares mínimos que deberán cumplir todos los organismos estatales que desarrollen, utilicen o contraten soluciones basadas en IA, con el propósito de asegurar prácticas transparentes, seguras y respetuosas de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El marco normativo se inspira en principios adoptados internacionalmente y toma como referencia lineamientos impulsados por organismos globales como la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO. Entre los conceptos centrales se destacan la prioridad de las personas sobre la tecnología, la neutralidad técnica, la privacidad de los datos, la trazabilidad de los procesos y la responsabilidad institucional. Además, exige implementar medidas de resguardo para impedir accesos no autorizados o filtraciones en bases de datos oficiales.
Uno de los puntos más relevantes es la clasificación por niveles de riesgo. La resolución prohíbe de manera explícita los sistemas considerados “inaceptables”, especialmente aquellos que busquen manipular conductas, aprovecharse de vulnerabilidades o construir perfiles de puntaje social. En el caso de las aplicaciones catalogadas como de “alto riesgo” —como la identificación biométrica o aquellas asociadas a infraestructura crítica y justicia— se deberán realizar evaluaciones rigurosas de impacto antes de su puesta en marcha. Los sistemas de “riesgo limitado” o “nulo” tendrán requerimientos más flexibles, aunque igualmente deberán justificar su uso y demostrar que no generan daños.
Desde la implementación de la norma, los organismos públicos estarán obligados a informar a la población cuando interactúen con herramientas automáticas, y deberán registrar cada proyecto o servicio basado en IA en el recién creado Registro Provincial de Inteligencia Artificial, administrado por la Dirección Provincial de Innovación Digital.
Especialistas en tecnología y políticas públicas destacan que esta iniciativa no solo inaugura un estándar provincial, sino que también podría impulsar un efecto cascada en otras jurisdicciones y motivar al Congreso a avanzar con regulaciones nacionales. La inteligencia artificial ya interviene en áreas como trámites administrativos, seguridad, salud y gestión de datos, por lo que el establecimiento de reglas claras es visto como un paso clave para su adopción responsable en el Estado argentino.
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