Los investigadores revelaron cómo el empresario articuló un sistema de pagos favorecidos, filtraciones internas y registros manuscritos que comprometen a empleados del organismo y a proveedores del sector médico.
La causa que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad sumó elementos reveladores luego de que los investigadores analizaran el contenido de los celulares y cuadernos de Miguel Ángel Calvete. El empresario, que había cultivado buenas relaciones con dirigentes políticos y laboratorios, terminó siendo señalado como el nodo central de un circuito clandestino que interfería en la asignación de recursos destinados a insumos de salud.
El vínculo entre Calvete y Diego Spagnuolo se remontaba a actividades políticas previas al 2023. Con el tiempo, esa relación derivó en una presencia constante del empresario en las decisiones sensibles de la Andis. La Justicia afirma que operaba como “gestor externo” de laboratorios, garantizando que ciertos expedientes avanzaran con mayor celeridad.
Los cuadernos incautados durante un allanamiento tardío en su vivienda detallan planillas con montos, diferencias de facturación y cálculos porcentuales. Se trata de un registro que, según los fiscales, refleja un método para distribuir ganancias entre lo abonado por el Estado y los valores reales de los insumos. Figuran allí compañías como IMNOVA, Artrobone y Expotrauma, entre otras.
Además, otro cuaderno contenía nombres —completos o abreviados— correspondientes a empleados del organismo, dueños de droguerías y personas que habrían actuado como enlaces operativos o facilitadores. Algunas referencias llamaron especialmente la atención de los investigadores por vincularse con personajes que enfrentan procesos penales en el extranjero.
Las conversaciones halladas en los teléfonos aportan elementos que refuerzan la teoría de un entramado articulado. En los chats con Daniel Garbellini, quien ocupaba un rol clave dentro de la Andis, Calvete insistía en la necesidad de acelerar trámites vinculados con proveedores preferenciales. En algunos intercambios, incluso mencionaba presiones o intermediarios capaces de influir en decisiones administrativas.
Los mensajes con su hija también quedaron en el centro de la investigación. Allí se mencionan dudas sobre la procedencia y el resguardo de grandes sumas de dinero. Cuando la Justicia allanó su domicilio, halló 700 mil dólares, lo que dio impulso a nuevas acusaciones.
Otro personaje central es Lorena Di Giorno, empleada del organismo, quien según la pesquisa brindaba información interna y compartía documentos reservados. Los peritajes incluyeron una factura emitida a una de las empresas favorecidas por más de cinco millones de pesos, mientras aún trabajaba dentro de la agencia. Todo esto habría permitido a Calvete anticiparse a decisiones judiciales y administrativas.
Tras hacerse público el escándalo, los chats muestran cómo el empresario pidió a un colaborador emprender un proceso de borrado de evidencias: cambios de nombre en agendas de contactos, eliminación de registros de llamadas y recomendaciones para cortar comunicación con ciertos funcionarios. Un detalle curioso fue descubrir que Spagnuolo tenía a Calvete registrado bajo un alias de apariencia asiática.
Aunque Calvete ya se encontraba detenido por una condena previa vinculada a la explotación económica de la prostitución ajena, esta nueva investigación lo coloca en el centro de una red que, según los investigadores, distorsionaba la gestión pública en beneficio de laboratorios y proveedores específicos. La causa continúa reuniendo pruebas y podría derivar en más imputaciones en los próximos meses.
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