Con 119 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la nulidad del Decreto 681/25 impulsado por el Gobierno, que había dejado sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa fue promovida por la diputada Marcela Pagano y contó con un amplio respaldo opositor
En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara la nulidad del Decreto 681/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La iniciativa, presentada por la diputada de Desarrollo y Coherencia, Marcela Pagano, obtuvo 119 votos afirmativos, 67 negativos y 8 abstenciones, superando así la mayoría necesaria para su aprobación. Con esta decisión, el Congreso resolvió dejar sin efecto la medida presidencial y restablecer la plena vigencia de la normativa que busca garantizar derechos y asistencia integral a las personas con discapacidad.
El decreto cuestionado había sido justificado por el Gobierno nacional bajo el argumento de que la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad generaba un impacto fiscal significativo y comprometía los objetivos de equilibrio presupuestario. Sin embargo, desde distintos bloques legislativos se sostuvo que la suspensión de la norma implicaba un retroceso en materia de derechos sociales y dejaba sin protección a un sector especialmente vulnerable de la población.
Durante el debate, varios diputados remarcaron la importancia de mantener políticas activas de inclusión y acompañamiento para personas con discapacidad, subrayando que el Estado debe garantizar su acceso a la salud, la educación y la asistencia social, independientemente de la coyuntura económica.
Con la sanción de la nulidad del decreto, el Congreso dispuso que la Ley de Emergencia en Discapacidad recupere su plena vigencia y que las medidas de apoyo a las personas con discapacidad continúen en el marco legal previamente establecido.
La decisión marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en torno a la validez de los decretos de necesidad y urgencia, especialmente en temas sensibles vinculados a los derechos humanos y la protección social.
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