El Gobierno nacional confirmó, a través del Boletín Oficial, que la Ley de Emergencia en Discapacidad no será aplicada debido a la ausencia de recursos presupuestarios, a pesar de haber sido promulgada. Esta decisión generó preocupación en distintos sectores porque, según adelantaron desde Casa Rosada, la misma metodología podría repetirse con la Ley de Financiamiento Universitario y con la de Emergencia Pediátrica si el Senado rechaza los vetos presidenciales.
La estrategia oficial consiste en suspender la aplicación de normas hasta que el Congreso defina con precisión las fuentes de financiamiento y las incluya en el Presupuesto Nacional. El antecedente inmediato es la decisión de no poner en marcha la ley vinculada a discapacidad, lo que instaló fuertes dudas sobre la voluntad del Ejecutivo de cumplir con otras normas votadas en el Parlamento. Diputados ya rechazó el veto la semana pasada, y la Cámara Alta prevé tratar el tema el próximo 2 de octubre, donde la oposición confía en contar con los votos necesarios para insistir con la sanción.
La situación en el Hospital Garrahan
En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, anunció un refuerzo salarial para los trabajadores del Hospital Garrahan. El personal asistencial recibirá un complemento mensual de $450.000, mientras que para el resto del personal de planta será de $350.000. Según indicó, estos incrementos se financian con recursos propios del hospital a partir del “Plan de Eficiencia” implementado en la institución.
“Durante décadas los profesionales de la salud estuvieron mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia”, expresó Lugones en su cuenta de X, donde agradeció al Consejo de Administración por optimizar el uso de los fondos.
Sin embargo, desde los equipos de salud persisten las dudas. La instrumentadora quirúrgica Marina Elizabeth Núñez señaló: “Todavía no sabemos si harán lo mismo que con discapacidad. Aunque nos acaban de anunciar estos bonos, el paro de 48 horas se mantiene”.
Universidades en alerta
El mundo académico observa con inquietud los pasos del Ejecutivo. Federico Montero, secretario de Organización de Conadu-CTA, subrayó que el rechazo al veto en Diputados fue un triunfo político para el movimiento universitario, pero advirtió que el Gobierno intentará bloquear cualquier aplicación de la norma. “El costo político para el oficialismo será mayor si seguimos movilizados, porque sin un cambio en el modelo económico no habrá solución de fondo”, manifestó.
En la misma línea, la titular de CONADU Histórica, Francisca Staiti, afirmó: “Lo que vimos con discapacidad puede repetirse. Aunque los votos en el Senado estén, el Gobierno ya mostró que no aplicará ninguna medida que contradiga su programa económico. Su objetivo es sostener el equilibrio fiscal a toda costa”.
El proyecto de financiamiento universitario plantea actualizar las partidas para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión, tomando como referencia la inflación de 2023 y 2024. Además, propone ajustes bimestrales según el IPC del INDEC durante 2025. Sin embargo, el oficialismo insiste en que cualquier norma que implique gastos adicionales debe contemplar su fuente de financiamiento, apelando al artículo 38 de la Ley de Administración Financiera.
Malestar creciente y presión social
El malestar entre los docentes universitarios se intensifica. Reclaman una urgente recomposición salarial, ya que el 70% de los profesores perciben ingresos entre 200.000 y 600.000 pesos y no se ha convocado a paritarias en el último año y medio. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, cuestionó las justificaciones del vocero presidencial sobre un supuesto riesgo para el equilibrio fiscal: “Es falso que la economía se desequilibre por financiar a las universidades. Con la misma lógica, podría decirse que esos fondos podrían obtenerse de la ampliación presupuestaria destinada a los servicios de inteligencia, que aumentó en un 1000%”.
La masiva Marcha Federal universitaria fue una muestra de la presión social que enfrenta el Gobierno en este terreno. El escenario político se tensará aún más si el Senado ratifica el rechazo a los vetos y la Casa Rosada insiste en bloquear la aplicación de leyes aprobadas.
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