La destitución de 24 policías bonaerenses sacudió la estructura de la fuerza y dejó al descubierto una red de conexiones que une a exoficiales con operadores políticos nacionales. Detrás del caso, el gobierno provincial ve algo más que una simple falta administrativa: habla de una operación montada desde dentro del Estado para desestabilizar al gobernador Axel Kicillof.
Los policías desafectados cumplían funciones en áreas clave y, según revelaron las investigaciones, colaboraban con un comisario retirado que actualmente encabeza una candidatura en una de las zonas electorales más importantes de la provincia. A través de documentos, chats y actividades registradas en equipos oficiales, se constató que operaban en favor de su campaña. El hallazgo de archivos con el logo de su espacio político y con su firma no dejó dudas.
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, fue contundente: “Era un intento de golpe interno dentro de la fuerza”. Según su testimonio, se planificaban acciones para propiciar una intervención de la Bonaerense. La idea habría sido instalar un discurso de crisis institucional, forzar un escenario de intervención federal y, eventualmente, colocar a dirigentes afines al mando de la estructura policial.
En esa línea, algunos mensajes encontrados hacen referencia al levantamiento policial ocurrido en Misiones y mencionan reuniones con figuras relevantes del Gobierno nacional. Uno de los chats más comprometidos informaba la presencia del excomisario en un encuentro con la ministra de Seguridad nacional, quien días después lo recibió oficialmente en su despacho.
El intento de minimizar el caso por parte de la funcionaria no convenció a nadie en La Plata. Acompañada por uno de los armadores del oficialismo libertario en Buenos Aires, aseguró que los oficiales fueron “echados por compartir un asado” y defendió al excomisario como “un policía retirado con alma de policía”. Lejos de desmentir los vínculos, los confirmó. También detalló que venían trabajando en conjunto desde hacía tiempo por pedido de un referente cercano a la hermana del presidente.
Las reacciones no tardaron. Desde el entorno del gobernador sostienen que la estrategia es clara: utilizar a sectores de la fuerza para generar descontento interno, victimizar a un espacio político en ascenso y alimentar una narrativa de persecución. “No se trata de una comida. Usaron oficinas públicas y recursos del Estado para una campaña política. Eso es inaceptable”, remarcaron desde el Ejecutivo provincial.
La investigación ya está en manos de la Justicia. Mientras tanto, se sigue recolectando información sobre el rol de los involucrados, la posible financiación de la campaña y la conexión con estructuras nacionales. Para algunos en la provincia, lo ocurrido tiene un antecedente histórico: el grupo “Los Sin Gorra”, aquellos policías exonerados que buscaron condicionar la política de seguridad en los años ’90.
Kicillof evitó entrar en la polémica. Desde un acto en Marcos Paz, se limitó a decir que las normas deben cumplirse. Pero en su equipo observan con preocupación el intento de instalar un relato que pone en duda la autoridad del Ejecutivo sobre la fuerza de seguridad más grande del país.
Con el clima político cada vez más enrarecido, todo indica que la seguridad será una de las grandes batallas discursivas rumbo a las elecciones. En ese tablero, un excomisario con vínculos directos con el Gobierno nacional parece jugar un rol que va mucho más allá de lo electoral.
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