La Policía Federal Argentina se encuentra inmersa en una tormenta perfecta: recortes presupuestarios, pérdida de beneficios básicos, malestar entre los agentes y una creciente fractura interna en el plano político. El reciente suicidio de un suboficial en el hospital Churruca expuso el deterioro en todos los frentes de la institución y encendió las alarmas sobre una crisis que ya no puede ser ocultada.
En los primeros seis meses de 2025, se registraron más de 600 solicitudes de baja, una cifra inédita para la fuerza. La mayoría de los casos corresponde a agentes operativos, pero también hay una proporción significativa de personal de salud y administrativo. Las razones son múltiples, pero el factor económico ocupa el primer lugar: los salarios de los federales sufrieron una reducción real superior al 50% desde la llegada del actual gobierno, y hoy están muy por debajo de los que perciben sus pares en la Policía de la Ciudad.
Al problema del ingreso se le suma el colapso del sistema de salud policial. La obra social de la Policía Federal se encuentra prácticamente desactivada en el interior del país, y miles de farmacias dejaron de atender a los afiliados. Las denuncias indican que los agentes son obligados a destinar enormes sumas de dinero en descuentos, sin recibir atención médica a cambio. La situación se agrava por la naturaleza solidaria del sistema, que no contempla el número real de personas a cargo del afiliado ni el tiempo prolongado de cobertura que requieren los retirados.
El hospital Churruca, ícono del sistema sanitario de la fuerza, es hoy símbolo del abandono. Servicios cerrados, falta de insumos y maltrato generalizado componen el cuadro. El caso del suboficial Alejandro Tejerina fue el detonante del estallido interno: con años de servicio en tareas de custodia durante varios gobiernos, decidió quitarse la vida dentro del hospital, dejando una carta en la que expresó su decepción con el trato recibido por parte de las autoridades médicas.
Pero el malestar no se limita a lo económico o sanitario. También hay una creciente tensión política dentro de la fuerza. Muchos agentes ven con simpatía a la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es blanco de duras críticas. Circulan entre los efectivos publicaciones donde se la tilda de traidora y oportunista, e incluso se recuerda su pasado en agrupaciones armadas, pese a sus actuales posturas públicas.
Las internas entre los sectores que responden a Bullrich y los que apoyan a Villarruel o incluso al ministro de Defensa, Luis Petri, dividen aún más a una institución ya golpeada. El recorte de recursos, los sueldos depreciados y la sobreexigencia en los operativos policiales generan un ambiente de tensión constante. A eso se suman sospechas de corrupción en licitaciones, cuyos montos son considerados desproporcionados por los propios integrantes de la fuerza.
La Policía Federal, que históricamente fue una columna vertebral del aparato estatal, hoy se tambalea por decisiones políticas, desinversión y una conducción que ha perdido legitimidad interna. Lo que antes se callaba por disciplina, hoy se expresa en renuncias masivas, protestas veladas y una sensación generalizada de que el sistema está al borde del colapso definitivo.
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