La ofensiva digital de sectores afines al presidente Javier Milei volvió a encender las alarmas institucionales. Esta semana, un conjunto de legisladores nacionales presentó denuncias penales contra un grupo de usuarios activos en redes sociales identificados como parte de la llamada «patota digital libertaria». Los acusan de amenazas, incitación a la violencia, apología del delito e intimidación pública, a partir de sus publicaciones durante la última sesión del Senado.
Entre los señalados se encuentran Daniel “Gordo Dan” Parisini, Franco Antúnez (alias «Fran Fijap»), Luciano Cabrera y Pedro Lantarón, conocidos por su actividad agresiva y hostil en la red social X (antes Twitter). Las denuncias fueron impulsadas por la senadora nacional Juliana Di Tullio y por un grupo de diputados de Unión por la Patria (UxP), compuesto por Santiago Cafiero, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Sabrina Selva, Julio Pereyra y Victoria Tolosa Paz.
Durante el debate parlamentario del pasado 10 de julio, centrado en iniciativas relacionadas con los derechos de jubilados, personas con discapacidad y fondos coparticipables para provincias, las redes sociales fueron escenario de una serie de publicaciones alarmantes por parte de usuarios vinculados al oficialismo. Algunos de estos mensajes, según los denunciantes, llamaban a una intervención militar contra el Congreso o directamente promovían su destrucción.
Uno de los tuits que figuran en la denuncia decía: “Es ahora Javo: Metan todos los tanques adentro del Congreso”. Otro planteaba que “el Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”. En el mismo tono, se leía: “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”. Estas expresiones, que los legisladores consideran como amenazas directas al orden democrático, fueron interpretadas como la expresión digital de un discurso paraestatal.
“Estamos ante una amenaza muy grave. Estas cuentas son portavoces oficiosos del Gobierno y actúan con impunidad. Hay límites en la democracia que no se pueden cruzar”, manifestó Di Tullio, quien también presentó una denuncia específica en los tribunales de Morón.
La causa iniciada por los diputados fue sorteada en la Cámara Federal y recayó en el Juzgado Federal N.º 9, a cargo interinamente de la jueza María Eugenia Capuchetti. En la presentación, los legisladores citaron artículos del Código Penal como el 209 (instigación a cometer delitos), 212 (apología del crimen), 213 (intimidación pública) y 149 bis (amenazas coactivas). Además, apelaron al artículo 36 de la Constitución Nacional, que contempla la defensa del orden democrático ante atentados por vías violentas.
La situación cobra aún mayor gravedad al conocerse que Pedro Lantarón, uno de los implicados, había sido señalado previamente como responsable de una campaña de acoso contra la periodista Julia Mengolini. El accionar de estas cuentas no es nuevo, pero en esta ocasión, la magnitud de sus mensajes —y su cercanía al poder ejecutivo— motivó que los legisladores decidieran judicializarlos.
En paralelo, la Cámara Federal de Comodoro Py ratificó días atrás la desestimación de una denuncia presentada contra la cuenta “@MileiEmperador”, la cual fue vinculada informalmente al asesor presidencial Santiago Caputo. En esa ocasión, los diputados Julia Strada y Germán Martínez denunciaron amenazas tras la publicación de un mensaje intimidatorio dirigido a dirigentes opositores, incluyendo frases como “los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta”.
A las acciones presentadas por los legisladores nacionales se suma una denuncia realizada en Mendoza por dos abogados locales, quienes también apuntaron contra Parisini y Antúnez. En su presentación ante la fiscalía federal a cargo de Alejandra Obregón, solicitaron que se investigue si estos usuarios reciben financiamiento desde la Casa Rosada. “No es posible dudar que estas manifestaciones emitidas por personas con vínculos con el Ejecutivo representan una peligrosidad concreta”, indicaron.
Los hechos denunciados revelan una estrategia digital agresiva que, según los legisladores, no puede desligarse del aparato de comunicación del Gobierno. Las denuncias avanzan ahora por vía judicial, mientras se intensifica el debate sobre los límites entre libertad de expresión y amenazas a la institucionalidad democrática.
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