Javier Milei confirmó que rechazará todas las leyes recientemente aprobadas por el Congreso y también anticipó que vetará los proyectos promovidos por los gobernadores para distribuir de forma más equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos. Aunque esas iniciativas lograron media sanción en el Senado, aún deben ser tratadas por la Cámara de Diputados.
La decisión fue reafirmada este martes por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien salió a aclarar la postura del Ejecutivo luego de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se manifestara en sentido contrario respecto a uno de los proyectos. “Si el Presidente me consulta, yo le diría que esa no la vete”, declaró Sturzenegger, en referencia al proyecto de reforma del reparto de ATN. Sus palabras generaron incomodidad y una nueva señal de descoordinación interna dentro del gobierno nacional.
Cabe recordar que Sturzenegger continúa con rango ministerial, pero ya no posee funciones activas, dado que este mes expiraron las facultades delegadas que permitieron la creación de su cartera. Actualmente, se dedica a participar de entrevistas en medios, donde ha deslizado opiniones como la posibilidad de que el Congreso modifique el esquema de coparticipación sin requerir la ratificación de cada provincia, como históricamente se entendía desde la reforma constitucional de 1994. Según su visión, la reciente media sanción al proyecto de distribución de ATN podría abrir la puerta para modificar también los fondos que reciben las provincias más pequeñas, incluso sin aprobación de sus legislaturas locales.
Estas declaraciones no cayeron bien entre los gobernadores, que ya venían sosteniendo una relación tirante con la Casa Rosada. Francos, encargado de negociar con las provincias, tuvo que salir a desmentir cualquier alineamiento con la postura de Sturzenegger y reafirmó que el Poder Ejecutivo vetará no solo las leyes sociales votadas en el Congreso —como el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad— sino también aquellas que buscan alterar el esquema de distribución de recursos fiscales.
Los proyectos en cuestión fueron elaborados y respaldados por los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras una serie de encuentros realizados en el Consejo Federal de Inversiones. Si bien el Ejecutivo intentó convencer a los mandatarios con propuestas alternativas, ninguna logró consenso.
Francos reiteró que “una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso, las va a vetar”, y explicó que esta postura se mantendrá frente a cualquier iniciativa que, según el oficialismo, comprometa el equilibrio fiscal.
En paralelo, resurgen figuras del oficialismo que hasta ahora se mantenían en un segundo plano. Entre ellas, se menciona a Santiago Caputo, asesor cercano al Presidente y protagonista de negociaciones clave en el pasado, como las que rodearon la Ley Bases. Aunque había quedado relegado por el protagonismo de Martín y Eduardo “Lule” Menem —más alineados con Karina Milei—, fuentes cercanas a su entorno afirman que Caputo podría volver a involucrarse ante el complejo escenario político actual.
En la sede del Ejecutivo saben que necesitan de todas las facciones internas para reunir nuevamente los 86 votos que sostuvieron vetos anteriores en Diputados. La principal preocupación gira en torno a la posibilidad de que la oposición alcance los dos tercios necesarios para rechazar los vetos presidenciales, lo que dejaría sin efecto las decisiones del Presidente.
Desde el entorno de Milei, sin embargo, niegan que haya crisis de gobernabilidad y sostienen que, de no poder mantener los vetos por la vía legislativa, recurrirán a la justicia. “Si el veto se sostiene, el gasto público no se altera. Si no conseguimos los votos, judicializaremos la cuestión. En el peor de los casos, la justicia podría fallar en contra, pero eso tardará al menos dos meses. Y ese tiempo, con el aumento del gasto y la emisión, nos permitirá que el impacto económico sea más evidente antes de las elecciones de octubre”, sostuvo el mandatario, en línea con su discurso fiscalista.
La tensión entre la Nación y las provincias se mantiene en aumento, en un contexto donde los intereses locales buscan resguardar recursos mientras el Ejecutivo prioriza el ajuste. Con un Congreso que podría inclinar la balanza en las próximas semanas, el pulso político promete nuevos capítulos.
Autor
