El reciente decreto presidencial que ordena el cierre de Vialidad Nacional generó una fuerte reacción del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, que acudió a la Justicia para frenar su implementación. La organización gremial presentó un recurso de amparo con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Delegado 461/25, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el 7 de julio en el Boletín Oficial.
El amparo, patrocinado por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, fue presentado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°23, bajo la jurisdicción de la jueza Marta Rey. En el escrito, los letrados solicitan que se declare la nulidad del decreto por considerar que presenta una «ilegalidad y arbitrariedad manifiesta», en violación al artículo 43 de la Constitución Nacional.
Desde el sindicato denunciaron que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para avanzar en el desmantelamiento del aparato estatal. Según argumentan, la medida no solo pone en riesgo la continuidad de miles de empleos públicos, sino que también amenaza áreas clave como la seguridad vial, la investigación científica aplicada y la salud pública, donde Vialidad Nacional tiene un rol activo y sostenido.
El impacto del decreto también fue motivo de preocupación en el sector privado. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, manifestó su inquietud por las consecuencias de esta decisión y la falta de claridad respecto a su implementación. “Se entró en un nuevo mundo desconocido”, afirmó, y cuestionó la viabilidad del traspaso a manos privadas de 9.120 kilómetros de rutas nacionales.
Weiss destacó que en la mayoría de los países del mundo existe un organismo estatal que cumple funciones similares a las de Vialidad Nacional y que su eliminación podría generar graves inconvenientes para la planificación, ejecución y control de obras viales en todo el país. “En Argentina, está todo concentrado”, remarcó, en alusión al rol central que cumple el organismo ahora en riesgo de desaparecer.
Según estimaciones de la propia Cámara Argentina de la Construcción, el mantenimiento anual de la red vial nacional y provincial representa una inversión de 4.213 millones de dólares. Sin embargo, en caso de dejar que esa infraestructura se deteriore, su recuperación demandaría una cifra significativamente superior: alrededor de 40.773 millones de dólares.
El conflicto en torno al futuro de Vialidad Nacional se suma a una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo que han generado tensiones con diversos sectores laborales, técnicos y productivos. En este contexto, el amparo judicial presentado por los trabajadores se convierte en una nueva batalla legal y política que podría marcar el rumbo del debate sobre el rol del Estado en la obra pública.
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