El gobierno nacional se encamina hacia una nueva pulseada con el Congreso tras la aprobación, con mayorías contundentes, de una serie de leyes que abordan temas sensibles como el aumento a jubilados, la emergencia en discapacidad, la moratoria previsional y la distribución de fondos a las provincias. El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará estos proyectos, pero para sostener esa decisión necesitará algo más que una firma: le será imprescindible reunir el respaldo político suficiente en la Cámara de Diputados.
Durante su exposición ante representantes del sector financiero, Milei confirmó su postura inflexible respecto a las leyes recientemente sancionadas en el Senado. Su decisión no contempla revisiones ni excepciones. El Poder Ejecutivo cuenta con la potestad constitucional de vetar cualquier ley dentro de los diez días posteriores a su llegada a Casa Rosada, según lo establece el artículo 80 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el verdadero desafío se presenta en el plano político.
Una vez que el Ejecutivo vete un proyecto, este debe volver a la cámara de origen –en este caso, Diputados– donde será sometido nuevamente a votación. Para revertir el veto se requiere una mayoría de dos tercios (172 votos). Si eso se logra, la iniciativa pasa al Senado, donde también debe ser ratificada por dos tercios. Solo así el proyecto se convierte en ley de manera definitiva, obligando al Ejecutivo a promulgarlo. En cambio, si la oposición no logra esa mayoría calificada y el oficialismo retiene al menos 86 votos, el veto prevalece.
En septiembre del año pasado, el oficialismo logró ese objetivo gracias al respaldo de 87 diputados que blindaron un veto presidencial contra la suba de haberes previsionales. Milei los bautizó públicamente como los “87 héroes” y hasta los agasajó con un asado en Olivos. Hoy, el escenario es más incierto. Las tensiones con gobernadores aliados, las diferencias internas dentro del oficialismo y un vínculo más deteriorado con sectores del peronismo dialoguista dificultan repetir aquella maniobra.
La Casa Rosada busca reconstruir puentes con gobernadores, en especial los que responden a fuerzas provinciales o a bloques intermedios. Parte de la estrategia incluye negociar el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o incluso avanzar con cambios en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, una medida que reclaman varias provincias.
Sin embargo, Milei no se limita a lo legislativo. En caso de que el Congreso logre revertir el veto, el Presidente ya anticipó que no descarta llevar el conflicto a los tribunales. En su intervención en la Bolsa de Comercio, dejó entrever su hoja de ruta: judicializar los proyectos con el argumento de eventuales irregularidades técnicas o vicios constitucionales, y así ganar tiempo. “Vamos a vetar. Y si el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y si aún así la Justicia lo tratara rápidamente, el daño sería mínimo, lo revertiremos el 11 de diciembre”, dijo, en alusión a su expectativa de sumar nuevas bancas en las elecciones legislativas de octubre.
Con este enfoque, el Presidente busca congelar la aplicación de las leyes votadas y apostar al desgaste institucional. Si los jueces toman tiempo en fallar, y si el oficialismo mejora su posición en el Congreso tras los comicios, podría dar marcha atrás con la agenda parlamentaria actual sin mayores consecuencias políticas.
En caso contrario, y si la Justicia no encuentra fundamentos para frenar la ley, el Ejecutivo se vería obligado a implementarla. Esto implicaría asignar recursos para mejorar los haberes jubilatorios, atender la emergencia en discapacidad, brindar asistencia a zonas afectadas por desastres como Bahía Blanca, habilitar una nueva moratoria previsional, redistribuir ATN y garantizar mayores transferencias automáticas a las provincias.
Por ahora, todo queda supeditado a un delicado juego de mayorías parlamentarias, negociaciones con los gobernadores y eventuales maniobras judiciales. El futuro de millones de argentinos –jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales– dependerá de los próximos pasos de una administración que, fiel a su estilo, sigue eligiendo el conflicto como estrategia de gobierno.
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