En una jornada marcada por la unidad política y la movilización social, el Senado argentino sancionó por unanimidad la ley que declara la emergencia en discapacidad. Con 56 votos positivos y ningún voto en contra, la norma fue celebrada por organizaciones, familias y trabajadores del sector como una respuesta concreta a meses de precariedad, falta de recursos y amenazas de recortes.
La ley atiende dos frentes críticos: por un lado, la crítica situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad, quienes denuncian ingresos congelados desde diciembre pasado y una demora del 70% respecto a la inflación. Por otro, la norma corrige medidas impuestas por el Ejecutivo que restringen el acceso a pensiones por invalidez, revirtiendo así una política que había generado fuerte rechazo por su carácter excluyente.
Actualmente, más de 100 mil trabajadores —incluidos médicos, acompañantes terapéuticos, transportistas y docentes— asisten a unas 250 mil personas con discapacidad a través del sistema público y de obras sociales. Sin actualizaciones en el nomenclador de aranceles, muchas instituciones se ven al borde del colapso. Por eso, la nueva ley obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad a realizar ajustes mensuales con base en el Índice de Precios al Consumidor, e incorpora un bono extraordinario por los meses de retraso acumulado.
En paralelo, la norma establece que el acceso a la pensión por invalidez se habilitará únicamente con el Certificado Único de Discapacidad, eliminando las nuevas restricciones que exigían una incapacidad del 66% y la incompatibilidad con el empleo formal. Esta modificación podría aumentar considerablemente el número de beneficiarios, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, con un impacto fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI.
Sin embargo, el presidente Javier Milei anunció que vetará esta y otras leyes votadas recientemente por el Congreso, lo que genera preocupación y descontento entre los actores involucrados. Las instituciones sostienen que sin esta normativa muchas deberán cerrar sus puertas, dejando a miles de personas sin atención.
“Esta ley es vital para evitar el cierre de centros y proteger a quienes más lo necesitan”, afirmó Daniel Ramos, titular de Caidis. “Pedimos sensibilidad. No se puede aplicar un ajuste que condene al abandono”, añadió, apelando directamente al Gobierno Nacional.
En la calle, frente al Congreso, organizaciones y ciudadanos se movilizaron bajo la consigna “¡Todos unidos por la Emergencia en Discapacidad!”. También hubo réplicas de la protesta en distintas provincias del país, demostrando la magnitud del respaldo social al proyecto.
Desde REDI, una de las redes que lideró la movilización, expresaron: “Este es un logro de las personas con discapacidad, de sus familias y de quienes prestan servicios esenciales. Pero también es un llamado de atención. Si el Poder Ejecutivo veta esta ley, exigimos a la Cámara de Diputados que defienda nuestros derechos”.
Eduardo Maidana, representante de Aiepesa, recordó el largo camino recorrido por el colectivo: “Hemos logrado salir del olvido y conquistar espacios de inclusión. Esta ley es un paso adelante, no podemos permitir retrocesos”.
Mientras tanto, las organizaciones permanecen en estado de alerta, a la espera de la decisión presidencial. La aprobación de esta ley representa no solo una victoria legal, sino un gesto de reconocimiento a un sector históricamente vulnerado. Ahora, su aplicación depende del compromiso real del Gobierno con los derechos humanos y la justicia social.
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