La Cámara Alta fue escenario de una fuerte disputa política tras una inédita maniobra de la oposición, que decidió forzar la firma de dictámenes a espaldas del oficialismo, generando un conflicto institucional de alto voltaje.
Senadores de distintas bancadas opositoras, incluyendo referentes del kirchnerismo, radicalismo y PRO, decidieron actuar de forma coordinada ante el bloqueo impuesto por el oficialismo libertario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Al no contar con el visto bueno del presidente de la comisión, Ezequiel Atauche, los legisladores se reunieron por su cuenta y aprobaron dictámenes sobre tres temas de alto impacto social: recomposición de jubilaciones, prórroga de la moratoria previsional y emergencia en la asistencia a personas con discapacidad.
La jugada política fue duramente cuestionada por el oficialismo, que calificó la reunión como irregular. Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y único representante del oficialismo presente, denunció que la convocatoria no cumplía con los requisitos formales, como el aviso con 48 horas de antelación y la firma del titular de la comisión.
El vicepresidente de Presupuesto y Hacienda, el peronista Fernando Salino, defendió la legalidad del procedimiento, argumentando que el reglamento del Senado habilita la continuidad del tratamiento legislativo en ausencia del presidente de comisión, si así lo dispone la mayoría de sus miembros.
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el secretario parlamentario Agustín Giustinian, quien había acudido a la reunión, se negó a convalidar el proceso. Su actitud provocó un cruce con Juliana Di Tullio, quien lo presionó públicamente para que diera legitimidad a la sesión. La negativa del funcionario derivó en una amenaza por parte del senador José Mayans, que prometió tomar acciones contra Giustinian si se mantenía en su postura.
Además de las objeciones por la convocatoria, el oficialismo advirtió que los dictámenes podrían ser inválidos porque las comisiones actuaron de manera separada, y no en plenario, como exige el reglamento cuando un proyecto debe ser tratado por más de un cuerpo.
La disputa pone de manifiesto las tensiones entre el Poder Ejecutivo, que busca limitar el gasto público, y sectores de la oposición que intentan garantizar derechos previsionales y sociales. El tratamiento de los proyectos en el recinto será el próximo campo de batalla, donde cada voto contará.
Mientras tanto, se abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el oficialismo y el Congreso, con fuertes cuestionamientos sobre la legalidad, la institucionalidad y la voluntad política en juego.
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