La actuación de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado quedó bajo cuestionamiento luego de que se conociera una denuncia en su contra presentada ante el Consejo de la Magistratura por los diputados Mariano Recalde y Vanesa Siley. La magistrada es señalada por presuntas irregularidades en el proceso que llevó a la detención de cinco personas vinculadas a una protesta frente a la casa del diputado José Luis Espert.
Según los denunciantes, las órdenes de detención y los allanamientos ejecutados por fuerzas de seguridad federales constituyen un uso desproporcionado del aparato judicial, ya que los hechos investigados apenas configurarían, en el mejor de los casos, una falta municipal. En ese contexto, la imputación contra Arroyo Salgado se centra en un supuesto mal desempeño de sus funciones, lo que justifica su citación por el órgano que evalúa el comportamiento de jueces y juezas.
El episodio que dio origen al caso ocurrió cuando un grupo de militantes desplegó una acción simbólica en la vía pública, que incluyó la colocación de un pasacalle y el arrojo de estiércol frente al domicilio de Espert. El legislador oficialista impulsó la denuncia judicial, que fue rápidamente acompañada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A partir de allí, la jueza ordenó una serie de procedimientos que terminaron con la detención de cinco personas, actualmente alojadas en el penal de Ezeiza bajo régimen de incomunicación.
Las personas detenidas son: Eva Mieri, concejala quilmeña y dirigente del PJ local; Alesia Abaigar, integrante del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires; Aldana Muzzio; Candelaria Montes; e Iván Díaz Bianchi. La detención de Mieri, especialmente, provocó un fuerte rechazo por parte de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien calificó el accionar judicial como una muestra clara de persecución política.
Los legisladores Recalde y Siley, pertenecientes a Unión por la Patria, remarcaron que el encarcelamiento de estas personas en un penal de alta seguridad no se condice con la gravedad de los hechos que se les imputan. Además, alertaron sobre un patrón represivo impulsado desde el gobierno nacional para disciplinar a la oposición, utilizando al Poder Judicial como herramienta de castigo político.
La revisión del caso está ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá analizar los fundamentos presentados por la jueza para justificar las detenciones. Mientras tanto, la denuncia en el Consejo de la Magistratura abre una nueva etapa en el debate sobre el accionar judicial y el respeto a las garantías constitucionales en un clima de creciente polarización política.
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