Dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires manifestaron su más firme condena a la detención de la titular del Concejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, en el contexto de una causa que ha generado preocupación por su posible motivación política. La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, y el secretario de Planificación Operativa, Miguel Saredi, coincidieron en advertir sobre un inquietante retroceso en materia de derechos y garantías constitucionales.
Magario fue clara al expresar su rechazo: “Expresamos nuestra profunda preocupación ante hechos que vulneran el Estado de Derecho. Se allanaron domicilios particulares y el edificio municipal de Quilmes. En ese contexto, fue detenida e incomunicada Eva Mieri”. Para la vicegobernadora, las acciones judiciales no se basan en principios de legalidad, sino en motivaciones políticas: “No se trata de justicia, sino de persecución política. Se busca disciplinar a la militancia, desincentivar la participación y sembrar miedo”, denunció.
El intendente Fernando Espinoza se sumó a las críticas y exigió con firmeza la pronta liberación de las personas arrestadas. “Exigimos la urgente liberación de la presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, que fue detenida de forma arbitraria junto a cuatro militantes peronistas. Esto no es justicia, es persecución política”, afirmó.
A su turno, Miguel Saredi manifestó su inquietud por las implicancias institucionales de este tipo de decisiones. “Nunca hubo tal ataque a los derechos individuales y a la libertad desde 1983 a la fecha. Es urgente que el Poder Judicial tome medidas ante el grave riesgo de quiebre del sistema representativo, republicano y federal”, advirtió.
Los tres referentes coincidieron en que lo acontecido representa un serio antecedente en el ejercicio democrático, y convocaron al Poder Judicial a actuar con responsabilidad y en estricto respeto a la Constitución.
Las declaraciones de los tres funcionarios evidencian una creciente alarma dentro del oficialismo frente al avance de medidas judiciales que, según denuncian, buscan silenciar voces disidentes y criminalizar la militancia política. El pedido por la liberación de Mieri y de los demás detenidos se ha transformado en una consigna para amplios sectores del espectro político y social.
Verónica Magario, Fernando Espinoza y Miguel Saredi coincidieron en que lo sucedido constituye un grave precedente en el ejercicio de la democracia, y llamaron a la justicia a actuar con responsabilidad y apego a la Constitución.
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