La jueza estadounidense Loretta Preska emitió una resolución que podría cambiar radicalmente la composición accionaria de la petrolera estatal YPF. En el marco de la demanda promovida por Burford Capital, ordenó que el Estado argentino transfiera el 51% de sus acciones en la empresa a los beneficiarios del fallo por la estatización llevada a cabo en 2012.
Esta decisión se da como respuesta al pedido que el fondo de inversión realizó en abril de este año, cuando solicitó la transferencia de las acciones bajo el argumento de que la Argentina no había cumplido con un fallo anterior que la obligaba a pagar una indemnización millonaria. Burford Capital, que compró los derechos legales de litigio a los antiguos accionistas del Grupo Petersen e IEASA, argumenta que la toma del control estatal se realizó sin respetar los mecanismos de compensación establecidos.
Según lo dispuesto por Preska, el Estado nacional tiene un plazo de 14 días para trasladar las acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon. Una vez cumplido ese paso, la entidad financiera deberá concretar el traspaso de las acciones a los querellantes o a quienes estos designen.
A raíz de la noticia, los papeles de YPF cayeron un 6,4% en los mercados bursátiles de Nueva York, reflejando la inquietud de los inversores ante la posibilidad de que el Estado argentino pierda su participación mayoritaria en la compañía. La presión sobre los activos argentinos también se ha intensificado en otros frentes, ya que la Justicia norteamericana ha solicitado información sobre reservas de oro del Banco Central y otras propiedades del Estado.
Si bien el fallo puede ser apelado por Argentina, la resolución marca un punto crítico en el litigio internacional por la estatización de YPF. La disputa lleva años en los tribunales y representa uno de los casos más costosos y complejos que enfrenta el país en el exterior. La eventual pérdida del control sobre la principal empresa energética nacional podría tener consecuencias tanto económicas como políticas de gran envergadura.
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