El fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner generó una inmediata reacción social: miles de personas se movilizaron en distintos puntos del país para expresar su apoyo.
Desde las primeras horas del día, comenzaron a organizarse concentraciones en plazas, frente a tribunales y en sedes del poder político, donde se manifestaron expresiones de repudio hacia la resolución judicial. La causa Vialidad, que investiga presuntas irregularidades en la obra pública durante su gobierno, fue calificada por los manifestantes como parte de una avanzada judicial con fines políticos.
Los manifestantes señalaron que la decisión de la Corte profundiza una estrategia de lawfare, cuyo objetivo principal sería impedir que Cristina Kirchner pueda postularse nuevamente en elecciones. Las consignas más repetidas en las marchas hacían referencia a la proscripción política y al deterioro de la independencia judicial en el país.
Además de las movilizaciones, diversos actores políticos, gremiales y de derechos humanos manifestaron públicamente su desacuerdo con el fallo y llamaron a defender la democracia. Las protestas se desarrollaron de forma pacífica y contaron con una notable adhesión popular, reflejando el peso que todavía tiene la figura de la exmandataria en amplios sectores de la sociedad.
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