La propuesta del gobierno nacional de permitir el ingreso de dólares al país sin requerir su trazabilidad legal está generando una fuerte alarma entre jueces, exfuncionarios y expertos en lavado de dinero. Las advertencias coinciden en que esta iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, habilitaría la entrada de fondos provenientes del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos, lo que colocaría nuevamente a la Argentina bajo la lupa de los organismos internacionales de control financiero.
Durante años, el país luchó por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que figuran los territorios señalados como paraísos fiscales o con escasa colaboración en la prevención del lavado de activos. En 2014, tras estrictas reformas y controles, se logró salir de ese listado. Pero ahora, con el plan de blanqueo promovido por la actual administración, especialistas como el exdirector de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, advierten que se podría regresar a esa condición. “Se trata de una competencia desleal: el dinero ilegal no tiene costo, entra al sistema y distorsiona todo. Gana poder económico, y con eso, político y judicial”, señaló el exfuncionario.
La preocupación no es solo teórica. En el pasado, figuras del narcotráfico internacional eligieron a la Argentina para mover y lavar grandes sumas de dinero. Uno de ellos fue el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, vinculado al cartel del Norte del Valle, que utilizaba el país para operaciones de blanqueo. En sus comunicaciones hablaba de “hacer la fría”, en referencia a colocar dinero en tierras “frías” como la Argentina. Fue extraditado a Estados Unidos en 2013.
Otro caso emblemático fue el del abogado narco Carlos Alberto Salvatore, cerebro detrás del operativo Carbón Blanco, mediante el cual se enviaron más de 1200 kilos de cocaína a España. Sus inversiones incluían campos, autos de lujo y propiedades, detectadas gracias al Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que emitió un escribano por la compra de una casa en Lomas de Zamora. Milei ha sugerido eliminar este tipo de reportes obligatorios, lo que para muchos representa abrir la puerta a una avalancha de capitales de origen ilícito.
Desde los tribunales federales de Comodoro Py, algunos magistrados sostienen que el presidente podría estar incurriendo en instigación al delito de lavado de activos, ya que las normas que obligan a bancos, contadores y escribanos a reportar operaciones dudosas están establecidas por ley, y no pueden ser suprimidas por decretos o resoluciones del Banco Central o de otros organismos.
Carlos Cruz, también exdirector de la UIF, señaló que la combinación del blanqueo con la falta de control en zonas como la Hidrovía Paraná-Paraguay —donde prolifera el contrabando— agrava la situación. “El ingreso de dólares sin control afectará no solo al sistema financiero, sino también a la economía cotidiana, encareciendo productos y afectando el empleo”, afirmó.
Los especialistas coinciden en que esta política puede derivar en un aumento exponencial del ingreso de fondos provenientes del narcotráfico, del tráfico de armas, de personas o incluso del terrorismo internacional. Y que, además de ser ilegal, vuelve a posicionar a Argentina como un punto estratégico para el lavado de dinero a escala regional.
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