El caso de la criptomoneda $LIBRA sigue generando repercusiones judiciales y políticas. A medida que avanzan las investigaciones por la presunta estafa, los hermanos Javier y Karina Milei enfrentan una inminente demanda civil millonaria por parte de un grupo de damnificados. La falta de presentación en la instancia prejudicial obligatoria de mediación agrava el panorama legal para ambos.
Convocados para el pasado jueves 15 de mayo, ni el presidente ni su hermana —secretaria general de la Presidencia— acudieron a la cita ni enviaron abogados. La audiencia fue promovida por el abogado Nicolás Oszust, quien representa a 25 personas que habrían sufrido pérdidas económicas en el marco del fallido proyecto de la cripto $LIBRA. El reclamo alcanza los 4,5 millones de dólares.
La mediación también incluía a otros implicados: el vocero presidencial Manuel Adorni y los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Solo un abogado en representación de Terrones Godoy asistió a la reunión realizada por videoconferencia.
En simultáneo, la causa penal que investiga la estafa con $LIBRA se tramita en el juzgado de la magistrada María Servini. En las últimas horas, la jueza tomó medidas relevantes: congeló los activos de los tres empresarios investigados y solicitó al Banco Central un informe detallado sobre las entidades financieras en las que operaron cuentas a nombre de los Milei y de los involucrados.
Sin embargo, la medida de congelamiento llegó con retraso. Tres días después de un tuit presidencial que impulsaba el proyecto, familiares de Mauricio Novelli vaciaron cajas de seguridad en el Banco Galicia, las cuales habían sido contratadas apenas diez días antes. Esta cronología aumenta las sospechas de que se trató de una maniobra premeditada.
Novelli, señalado como el principal vínculo entre Karina Milei y uno de los capitalizadores del proyecto, Hayden Davis, aparece cada vez más comprometido. Según registros oficiales, visitó la Casa Rosada en múltiples oportunidades entre enero y los meses posteriores, y también ingresó a la Quinta de Olivos.
El fiscal Eduardo Taiano ya habría reunido pruebas claves, como grabaciones de las visitas al banco, lo que podría derivar en nuevas imputaciones. La justicia intenta ahora determinar la profundidad de los lazos entre los funcionarios del gobierno y los responsables de esta presunta operación fraudulenta que dejó a decenas de personas sin su inversión.
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