El debate sobre la modificación del régimen penal juvenil volvió al centro de la escena con la reactivación del tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados. En medio del impulso oficialista para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la Iglesia Católica se expresó en contra de la iniciativa y alertó sobre sus posibles consecuencias.
Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, fue una de las voces más contundentes contra el proyecto. “No creemos que encerrar a un menor sea la solución al problema. Hay que abordar las causas profundas que llevan a un adolescente a cometer delitos”, afirmó en declaraciones recientes.
La propuesta oficial cuenta con el aval de parte de la oposición, incluyendo sectores de la UCR, el PRO y otros bloques aliados, y prevé que la responsabilidad penal comience a los 14 años, tras un acuerdo que descartó el umbral de los 13 originalmente planteado por el Gobierno. El tratamiento en comisiones será clave para avanzar hacia un dictamen favorable.
Frente a este panorama, la Iglesia insiste en que se debe evitar una respuesta exclusivamente represiva. Según Braida, “es fundamental trabajar en políticas de inclusión, contención y desarrollo para jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, en lugar de enfocarse únicamente en el castigo”.
El obispo también puso en duda la viabilidad práctica del proyecto, señalando la ausencia de recursos asignados para la creación de centros especializados para menores en conflicto con la ley. “Los lugares de detención están saturados y muchas veces terminan siendo espacios donde los problemas se agravan, no se solucionan”, advirtió.
Braida llamó a las autoridades nacionales, en particular al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich, a permitir un debate más amplio y participativo. “Queremos que se escuchen otras voces, que haya diálogo y tiempo para pensar respuestas que realmente enfrenten las causas estructurales del delito juvenil”, manifestó.
Finalmente, subrayó que esta posición es compartida por numerosos sectores sociales. “No es una opinión aislada. Muchas organizaciones coinciden en que el camino debe ser preventivo, no punitivo. Se necesita un abordaje serio, comprometido y con políticas públicas integrales”, concluyó.
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