Ante el avance del escándalo por el uso irregular de criptomonedas en el Estado y una economía golpeada por el ajuste y la devaluación, el Gobierno nacional apuesta por una batería de proyectos legislativos que buscan imponer nuevos temas en la agenda pública. Las iniciativas, algunas con fuerte contenido simbólico y otras con un perfil punitivista, son vistas por amplios sectores políticos como una cortina de humo para evitar el foco sobre el deterioro social y las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Entre los proyectos que se agitan desde Casa Rosada figura en primer plano el de «Ficha Limpia», una propuesta que ya cuenta con media sanción en Diputados y que apunta a impedir que personas con condenas judiciales puedan postularse a cargos públicos. Su implementación podría significar, de hecho, la proscripción de figuras como Cristina Kirchner. La discusión gira en torno a si el oficialismo logrará reunir los votos en el Senado para sancionar la norma antes de que pierda estado parlamentario. El papel de los senadores santacruceños Carambia y Gadano será clave para alcanzar el número necesario. La vicepresidenta Victoria Villarruel decidirá esta semana si avanza con la convocatoria a sesión.
Otro proyecto que ha generado polémica es la anunciada reforma migratoria, que si bien aún no ingresó formalmente al Congreso, ya fue adelantada por el presidente en su discurso de apertura de sesiones. El plan incluye el cobro de servicios de salud y educación pública a los extranjeros no residentes, así como nuevas herramientas para facilitar las deportaciones. Las universidades han desmentido que existan estudiantes extranjeros sin DNI y cuestionan la necesidad de un cambio normativo que contraviene el espíritu de la Ley Nacional de Migraciones, reconocida internacionalmente por su enfoque de derechos.
El Ejecutivo también retomó viejas propuestas de corte penal: la Ley Antibarras, que busca tipificar a estas agrupaciones como asociaciones criminales, y la baja de la edad de imputabilidad a 13 años. Ambas iniciativas fueron retomadas por el jefe de Gabinete en su reciente informe ante Diputados. Según explicó, se trataría de herramientas para combatir la inseguridad y el crimen organizado, aunque varios especialistas consideran que responden más a una lógica de marketing político que a soluciones reales.
Todo esto ocurre mientras el Congreso comienza a analizar una nueva etapa de endeudamiento con el FMI y la aprobación de reformas económicas de fondo. En comisiones ya se debaten la eliminación de la moratoria previsional y cambios en la legislación laboral, como la eliminación de la cuota solidaria sindical. Voces libertarias afirman que el mercado laboral argentino está «asfixiado por regulaciones» y que es necesario «modernizarlo» para atraer inversiones.
Con este paquete de medidas, el oficialismo busca instalar una narrativa de orden y control, mientras intenta desviar la atención pública del Criptogate y de los efectos del ajuste. Sin embargo, muchos de estos temas ya fueron presentados en otras oportunidades sin mayor éxito, lo que alimenta la idea de que, más que una agenda legislativa seria, se trata de una estrategia de contención ante una coyuntura política y económica cada vez más adversa.
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