A través de una auditoría impulsada desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional se encamina a dar de baja unas 400 mil pensiones por invalidez antes de fin de año. La cifra representa un tercio del total de los actuales beneficiarios y responde a una estrategia de recorte del gasto público que proyecta ahorrar alrededor de 900 mil millones de pesos. La medida ha sido duramente criticada por organizaciones sociales y referentes del ámbito legislativo, que advierten sobre la falta de garantías del proceso y el impacto social de esta decisión.
La auditoría, encabezada por Diego Spagnuolo, ha estado envuelta en controversias desde su inicio. Spagnuolo firmó una resolución que utilizaba calificativos despectivos hacia personas con discapacidad intelectual, lo que le valió reclamos nacionales e internacionales. Aunque pidió disculpas públicas, ni los términos ofensivos fueron eliminados del boletín oficial ni se modificó el nuevo baremo de medición de discapacidad que eleva al 66% el umbral mínimo para el acceso a beneficios, restringiendo aún más el otorgamiento de pensiones.
La metodología aplicada por la ANDIS para revisar los casos ha sido ampliamente cuestionada. Hasta abril, se enviaron 470 mil cartas documento para notificar a los beneficiarios, pero casi la mitad —222.607— no llegaron a destino, dejando sin aviso a miles de personas que debían presentarse a evaluaciones médicas para no perder el beneficio. En muchos casos, las personas afectadas presentan discapacidades motrices, visuales, auditivas o intelectuales que dificultan aún más el cumplimiento de los requisitos, más aún si nunca recibieron la notificación oficial.
Organizaciones como ALAPA han advertido que la auditoría se implementó sin tener en cuenta las necesidades del colectivo afectado. La entidad denunció la ausencia total de protocolos adecuados, señalando que ni siquiera se establecieron normas claras sobre cómo debían ser adaptadas las notificaciones o los exámenes médicos presenciales. Ante este panorama, presentaron una medida cautelar para frenar la ejecución del operativo y exigir un abordaje más humano y respetuoso.
La reducción de pensiones no se limitará a quienes no fueron notificados: también alcanzará a personas que, tras presentarse, no superen los exámenes médicos establecidos o no logren acreditar desempleo. Desde el Ejecutivo se insiste en que la auditoría busca detectar irregularidades heredadas de gestiones anteriores. Sin embargo, más allá de algunos casos aislados difundidos —como el de personas fallecidas o presos que seguían cobrando— no se han presentado pruebas que justifiquen un recorte de esta magnitud.
Daniel Arroyo, legislador nacional y presidente de la Comisión de Discapacidad en Diputados, remarcó que la ANDIS recibió una orden de ajuste y está intentando cumplirla sin contemplaciones. A su juicio, el procedimiento elegido es innecesariamente cruel. En respuesta, impulsa un proyecto de ley que busca declarar la emergencia en el área de discapacidad y proteger tanto a beneficiarios como a prestadores de servicios, que también enfrentan recortes que los colocan al borde del cierre.
El proyecto ya fue emplazado en la comisión de Presupuesto y podría recibir dictamen esta semana. Paralelamente, se prepara una movilización frente al Congreso para exigir su aprobación. Mientras tanto, el número de nuevas pensiones otorgadas en los primeros cuatro meses del año apenas llega a 211, una cifra que refleja con crudeza el endurecimiento del acceso a derechos básicos para un sector de la población históricamente vulnerable.
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