El oficialismo cambia su accionar tras la represión de la semana pasada. Controles en accesos, requisas y advertencias en estaciones de trenes marcaron la jornada.
Luego del operativo represivo desplegado en la última marcha, el Gobierno decidió modificar su estrategia frente a una nueva manifestación en defensa de los jubilados. Esta vez, las fuerzas de seguridad recibieron órdenes de mantenerse detrás del extenso vallado instalado en las inmediaciones del Congreso y la Casa Rosada. En lugar de una represión directa, se implementaron medidas de intimidación que incluyeron requisas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, controles en el transporte público y mensajes amenazantes en estaciones de trenes.
Pese a estas maniobras, la movilización se llevó a cabo de forma multitudinaria y pacífica. Desde la Casa Rosada, el presidente monitoreó en todo momento el desarrollo de la protesta y la sesión legislativa. Con 129 votos a favor, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI, sin brindar detalles sobre su contenido. Dentro del Gobierno, algunos funcionarios esperaban incidentes para deslegitimar la manifestación, pero los intentos de violencia fueron desactivados por los propios manifestantes.
Aunque sectores del oficialismo insistieron en que la represión de la semana anterior había fortalecido su base de votantes, la Casa Rosada optó por una estrategia menos confrontativa tras el impacto negativo que generaron imágenes como la de un fotógrafo alcanzado por una granada de gas lacrimógeno. El operativo, que tuvo un costo de 600 millones de pesos, fue coordinado por el entorno presidencial y sectores de inteligencia, lo que motivó críticas desde la oposición, que exige explicaciones sobre la participación de altos funcionarios en la planificación.
El despliegue incluyó vallados en Plaza de Mayo y el Congreso, controles en los accesos a la ciudad y la utilización de inspectores tributarios para fiscalizar el transporte de manifestantes. Además, en las estaciones de trenes se emitieron mensajes advirtiendo sobre posibles represiones ante actos de violencia. En paralelo, se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quienes brindaran información sobre supuestos responsables de disturbios.
Mientras el operativo se desarrollaba, en la Casa Rosada se siguió con atención la votación del acuerdo con el FMI. Una vez aprobada la medida, el ministro de Economía publicó una foto en redes junto a funcionarios cercanos al presidente, celebrando el resultado con la frase: «Viva la libertad».
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