La Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la cautelar que protegía los recursos destinados a las víctimas de violencia de género, desafiando la acción de organizaciones sociales que denunciaron el desmantelamiento de políticas públicas en defensa de mujeres y diversidades.
En una decisión tomada en la víspera del 8 de marzo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió revocar la cautelar que había impedido la reducción de fondos destinados a la protección de las víctimas de violencia de género. Esta medida se produce luego de que diversas organizaciones presentaran una acción colectiva en junio de 2023 contra el recorte de recursos tras la eliminación del Ministerio de las Mujeres y el desmantelamiento de programas clave en la lucha contra la violencia de género, a cargo del Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona.
La demanda colectiva, impulsada por organizaciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), cuestionaba el cierre de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias y el despido de empleados del sector. Además, las organizaciones denunciaban la falta de garantías sobre los recursos que el Estado nacional seguiría asignando a los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para mujeres y diversidades.
A pesar del fallo inicial que había sido favorable a las organizaciones, con la decisión del juez Enrique Alonso Regueira que ordenaba frenar los recortes, el Ministerio de Justicia apeló y la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió a su favor en la tarde del 7 de marzo, un día antes del 8M. La medida fue adoptada por los jueces Marcelo Duffy, Jorge E. Moran y Rogelio Vincenti.
En la respuesta presentada por el Ministerio de Justicia, se argumentaba que no se trataba del cierre de las instituciones y programas mencionados, sino de una «reorganización» de la estructura estatal. Sin embargo, la apelación fue rechazada por las organizaciones demandantes, que señalaron que la eliminación de los programas significaría un retroceso histórico en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
El fallo judicial ha generado un amplio debate sobre el desfinanciamiento de las políticas de género y los efectos que esta decisión tendrá en la protección de las mujeres y las diversidades en Argentina. La resolución llega justo antes de la conmemoración del 8M, cuando miles de personas marcharán en defensa de los derechos de las mujeres.
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