El Gobierno nacional decidió disolver el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), una entidad que desde 2014 facilitaba la mediación en reclamos de consumidores contra proveedores cuando el monto en disputa no superaba los 55 salarios mínimos, actualmente equivalentes a $1.462.230.
La medida se oficializó a través del Decreto 55/2024, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Según se detalló, la decisión se enmarca dentro de la Ley Bases y responde a la necesidad de reducir la burocracia estatal, argumentando que existen instancias provinciales y judiciales que cumplen funciones similares.
Desde el Gobierno aseguraron que los consumidores seguirán pudiendo gestionar sus reclamos de manera virtual a través de la Ventanilla Única de Defensa del Consumidor y los sitios web de las distintas jurisdicciones. También se mantendrán las oficinas de atención presenciales en municipios y provincias. En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires ya se encuentra integrada a este sistema, con un esquema informático compatible que permitirá la coordinación de los reclamos.
Los datos oficiales sobre el funcionamiento del COPREC reflejan que, en lo que va de 2024, el 28% de los 108.762 reclamos ingresados fueron resueltos a través de este mecanismo. Sin embargo, un 18% se cerró sin acuerdo entre consumidores y empresas (14%) o con acuerdos parciales (4%). Un 7% de los casos fueron rechazados por no cumplir con las condiciones requeridas, mientras que el 47% restante aún permanecía en trámite al momento de la disolución del organismo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la eliminación del COPREC y la consideró parte del proceso de achicamiento del Estado. Según sus declaraciones, el organismo representaba un gasto innecesario y un mecanismo duplicado que replicaba funciones ya cumplidas por las provincias y el Poder Judicial. Además, sostuvo que en sus 10 años de existencia el COPREC costó aproximadamente 6.500 millones de pesos en valores de 2023, conciliando solo 4.350 reclamos, lo que implicaría un costo de 1,5 millones de pesos por cada caso resuelto.
El funcionario argumentó que el sistema de resolución de conflictos debía ser más eficiente y alineado con un mercado basado en transacciones voluntarias, sin intermediaciones estatales que, a su juicio, solo generaban estructuras burocráticas innecesarias. Con esta medida, el Gobierno refuerza su política de desregulación y simplificación administrativa, priorizando mecanismos ya existentes en los ámbitos judiciales y provinciales.
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