Una decisión del gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en el ámbito legal y turístico: a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se prorrogó hasta diciembre de 2027 un impuesto del 7% sobre los pasajes internacionales. Este tributo financia el Fondo Nacional de Turismo, que actualmente es gestionado por Daniel Scioli. A pesar de sus promesas de reducir impuestos, Milei ha optado por mantener esta carga fiscal que afecta exclusivamente a los residentes argentinos.
El DNU, publicado en el Boletín Oficial, asegura la continuidad de este fondo, que se alimenta principalmente de los pasajes aéreos y marítimos al exterior. Esta medida se ha mantenido en vigor hasta el 5 de enero, fecha en la que muchos temían que el impuesto se extinguiría, hasta que el gobierno intercedió con la prórroga. Sin embargo, la manera en que se extendió la vigencia de este tributo ha causado gran preocupación, pues se realizó a través de un DNU, lo que algunos califican de inconstitucional.
El abogado Diego Fraga, especialista en Derecho Tributario, calificó la prórroga del impuesto como «nula», argumentando que ningún tributo puede ser prorrogado mediante un DNU. Además, César Litvin, otro experto en la materia, sostuvo que el Gobierno no ha cumplido con el procedimiento legislativo para reinstaurar el impuesto. Los críticos aseguran que el Ejecutivo no tiene facultades para establecer o prorrogar impuestos por decreto, ya que esto está prohibido por la Constitución en el caso de los tributos.
Aunque el Fondo Nacional de Turismo es utilizado para fomentar el turismo nacional y se estima que en 2024 alcanzó una recaudación de 197 mil millones de pesos, la forma en que se gestionan estos fondos sigue generando incertidumbre. Las empresas del sector turístico también se han mostrado reticentes a cobrar el 7% de manera ilegal y se encuentran ante la disyuntiva de continuar con este cobro sin el respaldo legislativo adecuado.
La situación ha desatado un debate constitucional que podría tener repercusiones tanto en la industria del turismo como en la legalidad del DNU. Sin dudas, esta medida podría desencadenar una serie de juicios y conflictos legales que pondrán a prueba la relación entre el Ejecutivo y el sector privado.
Autor
