El conflicto por los despidos masivos en el Ministerio de Justicia sigue tomando fuerza. 2400 trabajadores se enfrentan a la medida del gobierno que decidió no renovar sus contratos, lo que podría desestructurar gran parte de los servicios prestados por esta cartera. En una protesta realizada frente a la sede del Ministerio, los trabajadores mostraron su descontento y advirtieron sobre los graves perjuicios que esta decisión tendrá no solo para los empleados sino también para los ciudadanos.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, destacó que los empleados no son responsables del modelo contractual bajo el cual trabajan desde hace años. En un claro mensaje al ministro Cúneo Libarona, Aguiar advirtió que los despidos «afectarán de manera grave a la sociedad», dado que muchas de las áreas operativas del Ministerio se verán seriamente comprometidas. Entre las tareas que se verán afectadas se encuentran las labores de memoria histórica, las relacionadas con derechos humanos y las de los centros de acceso a la justicia.
Rubén López, secretario de Acción Política de ATE Capital, señaló que esta medida es parte de un proceso de desmantelamiento del Ministerio, al que calificó como un «desguace». López también denunció que el gobierno está ofreciendo a los trabajadores de la planta permanente un retiro voluntario con condiciones desfavorables, lo que, según él, es una trampa para reducir la cantidad de personal a través de una serie de medidas coercitivas.
En cuanto a los recortes salariales, ATE también impugnará el ajuste en la medida cautelar que presentó. Según la ley, los complementos salariales eliminados deben ser considerados parte del salario, y la Corte Suprema ya ha reconocido su importancia. Sin embargo, la reintegración de los despedidos será un desafío mayor, que dependerá de las negociaciones que el sindicato logre abrir con el gobierno.
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