El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) expresó su rechazo al reciente veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, advirtiendo sobre las graves consecuencias que podría tener para el sistema educativo y científico del país. A través de un comunicado, los magistrados remarcaron su «profunda preocupación» por la amenaza que representa esta medida para el futuro de la educación pública y la investigación en Argentina.
El grupo de jueces, citando al papa Francisco, recordó que la educación debe ser un mecanismo de inclusión y no una herramienta de exclusión social. En ese sentido, señalaron que el presupuesto destinado a la educación no debe considerarse un gasto superfluo, sino una inversión esencial para el desarrollo de las y los jóvenes, quienes representan el futuro del país. Además, enfatizaron que la educación pública es una herramienta clave para reducir las desigualdades y promover una mayor movilidad social.
COPAJU también destacó la necesidad de una economía y una política que estén verdaderamente al servicio del bienestar de la humanidad, en línea con los principios de una ecología integral. Los magistrados subrayaron que la educación es el «antídoto» frente a una cultura cada vez más individualista y que su fortalecimiento es fundamental para el progreso social y democrático.
En su llamado final, COPAJU instó a los diputados y senadores a actuar con responsabilidad y ratificar la ley de financiamiento universitario, entendiendo que el futuro del país depende en gran medida de la educación y la investigación. La comisión directiva de COPAJU, encabezada por figuras como César Raúl Jiménez y Roberto Carlos Pompa, reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública como pilar fundamental de la sociedad argentina.
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