El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, ha comenzado el cierre de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en Buenos Aires, iniciando en los barrios más necesitados de la ciudad. La decisión afecta a CAJ ubicados en áreas como las villas 15, 20 y 21, así como en el Barrio Ricciardelli, y otros puntos de la ciudad. Según la Resolución 178/2024, que se firmó en junio, el Ministerio sostiene que estos centros son «ineficientes» y que el avance tecnológico permite ofrecer los mismos servicios de manera digital.
La medida ha sido recibida con gran preocupación por parte de los empleados de los CAJ y defensores de los derechos humanos. Paola Pedroncini, delegada general de ATE del Ministerio de Justicia, calificó el cierre como el comienzo de una desmantelación de las políticas públicas. Los trabajadores despedidos, que han preferido mantener su anonimato, recibieron notificaciones de su despido y del cierre de los centros al mismo tiempo, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de los casos en curso y el destino de los inmuebles.
El impacto de esta medida es evidente: las agendas de mediaciones y seguimientos de casos de violencia de género se han visto truncadas, afectando gravemente a las personas que solían recibir asistencia legal y psicológica en estos centros. La falta de claridad sobre cómo se manejarán estos casos y el futuro de los trabajadores despedidos intensifica la preocupación en torno a la medida.
El cierre de los CAJ también plantea serias dudas sobre la implementación de la justicia digital, ya que muchas personas que dependían de estos centros para acceder a sus derechos ahora enfrentan la incertidumbre. Los centros, que fueron creados en 2008, han brindado asistencia en temas legales, sociales y comunitarios a miles de personas. En los últimos años, recibieron más de 600,000 consultas, y proporcionaron representación legal gratuita y mediaciones comunitarias a miles de individuos.
Si el Gobierno sigue adelante con su plan de cerrar 81 CAJ en todo el país, la crisis se extenderá a otras regiones y a nivel nacional, poniendo en riesgo más de 250 empleos y dejando a muchas personas sin acceso a servicios esenciales.
Autor
