Con la reciente desregulación del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), el costo de las garrafas ha escalado a niveles alarmantes, impactando directamente a los hogares de bajos ingresos que dependen de este recurso para la calefacción y la cocina. Esta situación afecta especialmente a aquellas familias que viven en barrios sin acceso a la red de gas natural, tanto en zonas urbanas como rurales, donde el uso de garrafas es la norma.
El aumento del precio de las garrafas, que en algunos casos ha llegado a duplicarse, ha dejado a muchas familias desprotegidas en pleno invierno. En varias localidades de la provincia de Buenos Aires, como en la ciudad de Lobos, los vecinos han visto cómo los precios han subido de manera abrupta. Según testimonios, la única «regulación» existente es la solidaridad entre vecinos, quienes intentan apoyarse mutuamente para enfrentar los altos costos.
Este escenario ha generado gran preocupación entre los afectados, como Ana Inés López, una residente de Lobos, quien comentó que, a pesar de trabajar a tiempo completo como docente, los ingresos no alcanzan para cubrir el costo de vida. «Sin acceso a la vivienda y usando garrafas para todo, desde cocinar hasta calefaccionar, el gasto es abrumador», expresó. Con precios que continúan subiendo y sin una red de contención adecuada, muchas familias se ven obligadas a tomar decisiones difíciles para sobrellevar el día a día.
En otros casos, como el de Andrés «el Pichu» Gulfo, residente del barrio Los Pioneros en Campana, el costo de utilizar una garrafa semanalmente para calefaccionar y cocinar asciende a 40.000 pesos al mes. Aunque Andrés, como comerciante, puede ajustar sus precios al ritmo de la inflación, reconoce que su situación es menos crítica comparada con la de asalariados, trabajadores informales o jubilados que luchan por hacer frente a los costos.
La situación también afecta a los comedores populares, que enfrentan gastos elevados para mantener sus servicios básicos. En estos lugares, se necesitan aproximadamente seis garrafas al mes, lo que eleva los costos de funcionamiento a niveles insostenibles, poniendo en riesgo la provisión de alimentos para las comunidades más necesitadas.
Ante esta realidad, es evidente que la desregulación del GLP ha creado un problema de accesibilidad para un servicio esencial, obligando a las autoridades a reconsiderar las políticas vigentes para proteger a las poblaciones más vulnerables del país.
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