En una nueva polémica que sacude al Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, titular de la cartera, deberá rendir cuentas por haber girado la suma de $14.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinados a la compra de alimentos para comedores populares. El escándalo surge luego de que el organismo internacional no concretara la adquisición, lo que contraviene la Ley de Administración Financiera al no contar con la aprobación del Jefe de Gabinete para sumas superiores a $2.700 millones.
El pasado 8 de febrero, Pettovello autorizó la transferencia de fondos al «Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre», con la intención de adquirir mercadería para asistencia alimentaria. Sin embargo, la operación no fue sometida a la aprobación correspondiente y ha generado críticas por parte de sectores políticos y de la sociedad civil.
Este incidente se suma a otro reciente, donde la ministra firmó la transferencia de más de $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la misma finalidad, sobrepasando también el límite autorizado de $2.700 millones sin la aprobación del Jefe de Gabinete. En este caso, la OEI solo ha concretado la compra de una fracción de los productos previstos, lo que ha levantado sospechas sobre la correcta gestión de los fondos públicos.
Leonardo Rodríguez Herrero, abogado y denunciante en ambos casos, señaló que «una compra del Estado que supere los $2.700 millones necesita la firma del jefe de Gabinete», normativa que en ambos incidentes no fue observada. Además, indicó que la OEI cobró una comisión significativa por sus servicios de intermediación en las compras, a pesar de haber ejecutado solo una parte de los fondos transferidos.
La ministra Pettovello deberá ahora brindar explicaciones ante la justicia y el Congreso por estas irregularidades financieras, mientras se espera que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades administrativas y legales involucradas en estos actos.
Esta situación agrega más presión sobre el gobierno en materia de transparencia y gestión financiera, en un contexto de creciente preocupación por el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la alimentación de los sectores más vulnerables del país.
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